Escribir es parte esencial de este oficio, como lo es también saber escuchar, preguntar y reflexionar. Quizás en algún momento de este artículo, que recupera el testimonio de Adriana Toporovskajay, una mujer desesperada que ya denunció 45 veces al hombre que la quiso matar, no puedas creer lo que estás leyendo. Ella misma nos confesó que “no puede ni pensar”. Pero estas palabras y estos sentimientos no construyen una historia inédita, aislada de un contexto social donde hay un femicidio cada 26 horas, donde un gobierno nacional no ha avanzado en materia de prevención ni debate en torno al tema.

Por Estefanía Santoro @fanusantoro

Ph y audiovisual: Cami Rojas


El mediodía del sábado 22 de abril Adriana Toporovskajay y sus hijas trillizas paseaban por la calle Maestra Cueto, en Morón. Al llegar a la esquina, en la intersección con Cabildo, a cinco cuadras de su casa, una persona que caminaba detrás las saludó. Ese “hola” le generó un escalofrío, reconocía aquella voz. Tomó fuerte las manos de sus hijas y sin mirar el tráfico cruzó, esquivó los autos como pudo, y a lo lejos escuchó un grito y la misma voz: “¡Che, nos conocemos!”. Su refugio fue el templo judío de Larralde 939, donde el Rabino Nicolás Reck escondió a las nenas y acompañó a Adriana hasta su trabajo para accionar el botón antipánico que daría aviso a la policía. Esa no fue la primera vez que Gustavo Melnek, el hombre que una vez intentó estrangularla, la perseguía por la calle. Fue la número 45.

Adriana fue pareja de Melnek. Convivieron dos años. Cada mañana al despertar, es la primera imagen que se le aparece. Es su violentador, una amenaza constante para ella y sus hijas de 12 años. Las más de 45 denuncias en su contra lo certifican, no solo por amenazas, sino por la violación de la medida perimetral impuesta por la justicia y una causa penal por “amenaza y violencia familiar”.

La mesa estaba lista. La noche del 24 de marzo de 2016, Gustavo, Adriana y las trillizas, hijas de un matrimonio anterior, estaban a punto de cenar, pero nadie entendería lo que sucedería después. “¡Mamá es una vieja puta!”, gritó Melnek dirigiéndose a las nenas. “Andate ya de mi casa”, le dijo Adriana. El hombre aceptó. Al bajar hacia la planta baja del edificio, Melnek la tomó del cuello y mientras la ahorcaba, le gritaba: “Tengo un cuchillo en la mochila y te voy a matar”. Adriana pidió auxilio a gritos e intentó defenderse, logró sacar de su cuello las manos de Melnek y continuó gritando. Una de sus hijas la escuchó y bajó con un cuchillo de cocina para defenderla, otra llamó al 911. ¿Nos vas a matar a las cuatro? Melnek se dio cuenta del llamado y se fue, pero esa noche marcaría el inicio de una serie de amenazas y persecuciones. Se presentó varias veces en la puerta del colegio al que concurren las trillizas, controlaba todos los movimientos de Adriana y hasta llegó a preguntar a sus vecinos por ella: “Como las causas penales son públicas puedo mostrar su cara, todos mis vecinos tienen una foto de su rostro y eso a él lo frena, por eso a mi casa ya no viene, pero sí nos persigue unas cuadras”.

Una semana después, Adriana lo denunció ante la Comisaría de la Mujer de Morón. “Pensé que lo resolvería con mis palabras. Melnek me pedía perdón a mí y a mis hijas a través de mensajes. Después de querer ahorcarme confesó que éramos lo único que tenía y que quería vivir con nosotras. Luego sus mensajes fueron de amenaza de muerte”. Por miedo, desesperación y para resguardar la vida de sus hijas, Adriana decidió irse por unos días de su casa. Durante una semana vivió en un hotel. “Melnek es muy peligroso. Nada lo frena. La Justicia me dio la orden de restricción perimetral y el botón antipánico. Pero el tipo la viola constantemente, está suelto y nuestras vidas están en peligro”.

Cuando una mujer es víctima de violencia tiene derecho a pedir una medida de protección contra su agresor que consiste en “exclusión del hogar, prohibición de acercamiento y cese del hostigamiento del agresor”[1], lo que se encuentra expresado en la página de la Corte Suprema, donde se detalla una guía que explica paso por paso como proceder. Las medidas perimetrales deben renovarse cada tres meses. En diciembre de este año Adriana deberá volver a pedirla. La última vez tuvo que rogar a la fiscal Paula Hondeville (titular de la fiscalía Número 10 de Morón, especializada en Violencia de Género) para que la reciba, y con la ayuda de Vilma Ripoll, dirigente del MST, la perimetral fue renovada por 180 días.“Tengo que hacer todo el angustiante recorrido. Solicitar al Juzgado de Familia n° 9 de Morón la prórroga a través del escrito de mi abogado, esperar la respuesta y llevar personalmente el Oficio del Juez a la Comisaría de Padua para que se le notifique a Melnek de la medida”, explica. Ella debe encargarse de todo el proceso, de lo contrario, aunque la prórroga quede aprobada el violento no será notificado. “Todo esto nos habla de la ineficiencia y lo lenta que es la Justicia”.

La última vez que Melnek violó la perimetral, aquel 22 de abril, el hecho no pudo ser corroborado ante la justicia porque las cámaras de seguridad de la calle no funcionaban. Cuando se trata de resguardar las vidas ante la amenaza constante de un femicida, los días cuentan como minutos, pero el informe que presentó el abogado defensor de Toporovskaja donde se denuncia la violación de la perimetral, aún no obtuvo respuesta por parte de la fiscalía. Ante los sucesivos incumplimientos de las restricciones judiciales por parte de Melnek la causa será elevada a Juicio Oral, sin embargo, Adriana deberá seguir esperando ya que la justicia aun no ha establecido la fecha de inicio.

Seis años después de la sanción de la ley 26.485 (Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres) la problemática de la violencia machista en nuestro país se agravó. Según la asociación civil La Casa del Encuentro en 2014 la cantidad de femicidios y travesticidios fue de 277, en 2015 de 286 y en 2016 la cifra ascendió a 290[2]. La intencionalidad de la ley es muy buena, pero el Estado, encargado de velar por su correcta implementación y cumplimiento, no brinda los recursos necesarios.

En diciembre del año pasado, la Convención para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (tratado internacional de la ONU, “CEDAW” según sus siglas en inglés) recomendó a nuestro país que se otorgase al Consejo Nacional de las Mujeres el rango de ministerio. Pero en un país donde se comete un femicidio cada 26 horas, el gobierno nacional decidió el viernes pasado mediante un decreto, que el Consejo pase a depender del Ministerio de Desarrollo Social, lo que le otorga ahora un rango de Secretaría. ¿Por qué el tema no fue debatido en el Congreso de la Nación? ¿La problemática de la violencia machista es una prioridad para el gobierno?

Este no es el primer retroceso de este tipo en la era macrista. En enero de este año, el Jefe de Gabinete, en la Decisión Administrativa 12/2017, había decidido recortar en 67 millones de pesos el presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) y a la implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (PNA). Frente a este atropello, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (CAREF), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21, presentaron en febrero un amparo ante la Justicia para que la medida se declare inconstitucional. Como ya es costumbre del actual gobierno y su política de “ensayo y error”, luego de la denuncia, el Consejo de las Mujeres difundió en sus redes sociales que la reducción del presupuesto se había tratado de “un error” y que este les había sido reintegrado. Sin embargo, ELA aclaró que todavía no se ha especificado cómo será destinado el presupuesto ni se ha brindado información clara para poder realizar un seguimiento y un control de su ejecución[3].

Según una investigación publicada el 17 de febrero en Página 12[4] la mayor parte del presupuesto sería destinada a la creación de centros de contención para víctimas en situaciones de alto riesgo que no pueden permanecer en el mismo hogar junto a su agresor. ¿Pero el problema se soluciona con la construcción edilicia? Aún no se especificó qué porcentaje del presupuesto se destinará a asistir a las personas refugiadas que no cuentan con un trabajo estable para mantener a sus hijxs ni qué dinero se reservará para implementar el resto de las medidas necesarias para ayudar a las personas que no necesitan de los centros de contención.

Adriana, por ejemplo, no recibe dinero de su ex esposo, ella es el único sostén económico de la familia. Desde que comenzó este calvario tuvo que destinar gran parte de sus ingresos a pagar el abogado que está llevando su causa. Pero hay muchas mujeres que no pueden pagar un representante legal que las defienda. En nuestro país el Patrocinio Jurídico Gratuito a las víctimas de violencia, aprobado por el Congreso Nacional, todavía no llega a todas las mujeres que lo necesitan, tampoco hay herramientas electrónicas suficientes para todos los casos como los botones antipánico que sirven de defensa.

La falta de recursos para ayudar a las víctimas se debe principalmente al escaso presupuesto y la errónea distribución del mismo. A la inacción estatal y de los gobiernos de turno se suma un sistema judicial misógino con jueces sin perspectiva de género que reproducen la lógica del sistema patriarcal, fallando a favor de los violentos, poniendo en duda el testimonio de la mujer, desoyéndolas u otorgando la patria potestad sobre lxs hijxs que quedan huérfanxs. Recién en junio de este año el Senado aprobó una ley que les quitará la responsabilidad parental (patria potestad) a los femicidas. Esta prohibición no será aplicable a las mujeres que sean procesadas por la Justicia cuando, en legítima defensa, hayan asesinado a su pareja en una situación de violencia previa.

Tal es el caso de la fiscal Carolina Carballido Calatayud, que en 2013 ordenó la detención arbitraria de Yanina González, acusándola de abandono de persona seguido de muerte después que su ex pareja asesinara a su hija e incluso dejó libre al asesino. Después de un año y medio de detención Yanina fue liberada y absuelta. Otro caso resonante que ejemplifica los mecanismos del sistema judicial patriarcal es el de Reina Maraz Bejarano,sin pruebas en su contra y con un juicio lleno de irregularidades fue acusada de matar a su marido en 2010 y condenada a cadena perpetua. Su pareja la golpeaba y la obligaba a vender su cuerpo para sacar ganancias. Reina no hablaba español, solo quechua, ni siquiera comprendía por qué estaba presa. Durante seis años la justicia no le dio la posibilidad de contar su verdad y defenderse ante con un traductor hasta que La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) conoció su caso en una visita de monitoreo a la cárcel y le garantizó un servicio de traducción y una defensa legal[5].

Adriana habla rápido. Le tiemblan las manos. No sonríe en ningún momento. No le importa tener que recordar ese momento horrible cuando su vida estuvo en juego, agradece poder contarlo, no quiere olvidar los detalles. Muestra la foto de Melnek, considera que los medios de comunicación son los únicos que la ayudan a que no se acerque a sus hijas.

Mientras se espera que el Estado y la justicia actúen, la vida de Adriana y la de sus hijas continúa en peligro y los femicidios y travesticidios, que representan la violencia machista en su máxima expresión, continúan en aumento. Aún cuando la justicia actúe en tiempo y forma aplicando sus medidas, este problema que afecta a miles de mujeres, lesbianas, travestis y trans no se soluciona con el derecho penal (aumento de penas, creación de nuevas figuras). El castigo representa la última herramienta en los casos donde la violencia ya es un hecho consumado. Todos los esfuerzos deben concentrarse en evitar llegar a esa instancia.

La educación con perspectiva de género en todos los niveles de las escuelas, en el marco del Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), es una de las alternativas más eficientes para prevenir, conocer y reflexionar sobre la violencia machista en niñxs, jóvenes y adultxs. También urgen campañas estatales de concientización que promuevan la igualdad de género en todos los ámbitos sociales, el desarrollo de estadísticas que permitan un análisis exhaustivo de la problemática a nivel nacional lo que posibilitará la creación de políticas públicas para brindar un correcto acompañamiento y asistencia a las víctimas por parte del Estado.

_ ¿Vos considerás que mi situación es muy peligrosa?,  pregunta Adriana.

Su historia podría ser la base del guión de una película de terror, pero está lejos de ser la única. Se hace imposible imaginar lo que vive día a día. Se vuelve urgente romper con la formas de crianza que reproducen la cultura machista en el interior de cada hogar. Desarmar la violencia, esa es la tarea.


[1]http://www.csjn.gov.ar/bgd/archivos/2015/guia_violencia_genero.pdf

[2]https://www.lacasadelencuentro.org/femicidios.html

[3]http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?fuseaction=MUESTRA&codcontenido=2863&plcontampl=12&aplicacion=app187&cnl=4&opc=50

[4]https://www.pagina12.com.ar/20591-al-presupuesto-se-lo-lleva-el-viento

[5]http://www.resumenlatinoamericano.org/2016/12/22/argentina-liberaron-a-reina-maraz/

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