Crónica/Derechos Humanos

Represión a la vuelta de tu casa

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“¿Te sabés el Padre nuestro? Rezalo así no te mato”, le dijo uno de los prefectos a Ezequiel Moya luego de golpearlo y torturarlo atrás de una fábrica al borde del Riachuelo, por no poder probar si la campera deportiva que llevaba puesta había sido robada. Es uno de los casos que se engloban dentro de esos operativos mencionados en las gacetillas del Ministerio de Seguridad Provincial, que exhibe la sonrisa de Alejandro Burzaco, subsecretario de seguridad, acompañando un texto en el que se habla de “objetivos estratégicos” y “coordinación de todas las fuerzas para recuperar la tranquilidad”. Estas prácticas no se inauguraron con el gobierno de Cambiemos, bajo el cual – según un informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) – se produjo un muerto cada 25 horas como resultado de la represión estatal. Lo que sorprende es la velocidad de la implementación del aparato represivo y el recrudecimiento de los abusos por parte de las fuerzas de seguridad que sufren chicos y chicas de los barrios más humildes del conurbano, como sucedió recientemente en el comedor “Cartoneritos” de Lanús. El macrismo no inventó la pólvora, pero sabe muy bien cómo usarla.

Por Estefanía Verónica Santoro @FanuSantoro y Silvina Arrieta @SilvinaBelen77


Viernes 29 de enero de 2016. Villa 1-1-14. Una murga estaba ensayando por la noche. Los uniformados de verde irrumpieron en el baile de “Los auténticos Reyes del ritmo”. Dispararon balas de goma y plomo: ocho personas resultaron heridas, cinco de ellas menores.

Sábado 24 de septiembre de 2016. Villa 21-24. Dos chicos integrantes de la organización La Garganta Poderosa fueron torturados por efectivos de la Policía Federal y la Prefectura. Ezequiel Villanueva Moya e Iván Navarro de 15 años se saludaban en la calle, cuando un policía apareció para requisarlos, no encontró ningún motivo para detenerlos y los dejó ir. Minutos después, a pocos metros, tres móviles de Prefectura los secuestraron y los trasladaron a un descampado donde fueron golpeados y torturados.

Miércoles 22 de marzo de 2017. La Boca. Oficiales de la policía bonaerense que, según su propia versión, se encontraban persiguiendo un auto desde la localidad de Lanús, hirieron a dos mujeres en medio de una lluvia de balas. Una de ellas, Claudia Ovejero, de 41 años, falleció tras recibir un tiro en la cabeza. Lxs vecinxs salieron a las calles para exigir que se esclarezca el hecho. Fueron reprimidxs por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, dejando como saldo decenas de personas heridas con balas de plomo y de goma.

Sábado 25 de marzo de 2017. 19 horas. Florencio Varela. Efectivos de la policía local detuvieron en la vía pública a un adolescente de 16 años por no tener documento. Lxs transeúntes vieron la situación e impidieron que se llevaran al joven, pero antes de dejarlo libre la policía lo golpeó y le fracturó un brazo.

Domingo 26 de marzo de marzo de 2017. Caballito. Oficiales de la Policía de la Ciudad intentaron llevarse detenido a un pibe de 13 años. Micaela, militante de la Garganta Poderosa, fue testigo del abuso que estaban cometiendo los efectivos y se acercó a filmar lo que ocurría preguntando a qué se debía la detención. Los oficiales le pidieron su documento y ella les solicitó a su vez, su identificación. Sin mediar palabras la policía la detuvo “por resistencia a la autoridad” y fue trasladada a la Comisaría N° 11. Compañerxs de su organización y de organismos de derechos humanos se acercaron y la liberaron a la medianoche.

Jueves 27 de marzo de 2017. 21 horas.  Lanús. La Policía local irrumpió en el merendero “Cartoneritos” del Movimientos de Trabajadores Excluidos (MTE), en Villa Caraza, mientras realizaban “un operativo” en el barrio. Entraron al comedor, tiraron gas pimienta a las personas que se encontraban dentro, destrozaron el lugar y se llevaron detenidos a dos jóvenes que fueron golpeados y torturados. Vecinxs y organizaciones populares se dirigieron a la Comisaría 5° de Villa Diamante y, tras su presión, los detenidos fueron liberados horas más tarde.

Sábado. Villa Fiorito. Cinco pibes esperaban el colectivo para ir al boliche. Charlaban, reían entre ellos. Pasó un patrullero de la Gendarmería y quienes iban a bordo del mismo los increparon: “¿De qué se ríen?”. Ellos, quedaron en silencio. Los uniformados bajaron del vehículo: “Hagan una fila, contra la pared, saquen todo lo que tengan en los bolsillos y no se den vuelta”. Uno se dispuso a pegarles piñas en las costillas. Se retiraron.

Lunes. Villa Jardín. 21 horas. El colectivo 188 realizaba su recorrido habitual cuando fue obligado a detener su marcha ante la alerta de la policía: “Desciendan todos los masculinos”. Los revisaron. “Estoy volviendo de trabajar”, reclamó uno, por lo bajo.

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Gendarmería en los barrios. PH.: Darío Veloz

Barriadas populares, comedores y merenderos autogestivos, encuentros de amigxs en una esquina, vecinxs transitando las calles. Todos se encuentran atravesados por una misma mirada atenta con la que deben convivir: los ojos de la represión que está al acecho. Los casos enumerados no son aislados. Día a día, en los barrios donde vive la clase trabajadora estas son las  noticias que se cuentan en la fila de la carnicería. La metodología siempre es la misma: la policía reprime, asesina, secuestra y detiene de manera totalmente arbitraria. Muchas veces justifica sus excesos argumentando que los incidentes se desarrollan en medio de alguna persecución o búsqueda de un delincuente.

Sin embargo, la veracidad de la versión policial nunca es constatada ya sea por un entramado que combina corrupción y poder, falta de pruebas o mera inexistencia de las mismas. Lo que sí es cierto es que estos mecanismos de persecución y accionar violento en los barrios se repite cada vez con más frecuencia desde que asumió el gobierno de Cambiemos: las distintas fuerzas de seguridad utilizan las detenciones arbitrarias y las golpizas a los pibes como amedrentamiento en los barrios más pobres del Conurbano y la Capital Federal.

Estas medidas ordenadas por funcionarios del gobierno macrista se suman a la criminalización de la protesta con la implementación del Protocolo Antipiquetes y el retorno del debate sobre la baja de edad de punibilidad a principios de este año, impulsada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, que dio marcha atrás luego de haber sido rechazada por la comisión (conformada por Unicef, la Defensoría General de la Nación y reconocidos juristas y académicos) creada especialmente para discutir dicha propuesta.

Jesica Mansilla es Trabajadora Social y Educadora de La Fundación Che Pibe, en Villa Fiorito. La fundación es una organización que cuenta con jardín materno-infantil, Casa del niño y Casa del Joven para ayudar a lxs chicxs del barrio; además, posee un convenio con el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) a través del cual pudieron abrir sus puertas también para el turno noche. “Che Pibe” realiza diversas actividades y talleres desde murga, teatro, música, paseos, educación popular, clases de educación sexual integral, hasta actividades en fechas especiales de coyuntura nacional y sucesos cotidianos de las realidades que se viven en el barrio.

Mansilla trabaja en la Casa del Joven, donde recibe a pibxs de 12 a 15 años en el turno de la noche de 17 a 00 horas, período en el que sus papás y mamás salen a trabajar a la planta recicladora, o van a las calles a cartonear. Allí meriendan, juegan y realizan todo tipo de actividades. Concurren aproximadamente alrededor de 100 chicos, agrupadxs en diferentes niveles según las edades, desde los 3 meses a los 15 años.

Mansilla cuenta que suele generarse un espacio para charlar acerca de las situaciones desafortunadas que sufren día a día en la escuela y en el barrio. “Están inmersos en un grado de violencia que lamentablemente los va expulsando de sus derechos, de la niñez que merecen vivir. Cada vez que hablamos sobre gatillo fácil, de Darío, Maxi, Luciano, lxs pibxs cuentan que la policía muchas veces los mira mal, los persigue, hacen allanamientos en sus barrios, rompen todo, o plantan cosas en las casas. Es realmente triste ver las situaciones que atraviesan, y cómo son estigmatizados”.

Desde la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) denominan que esto se debe a una represión de carácter preventivo “cuyo objetivo es aplicar el control social a los sectores objetivamente interesados en cambiar el injusto estado de las cosas, y que por lo tanto se descarga de manera indiscriminada sobre los más pobres y en particular los más jóvenes, que son así disciplinados, en el respeto al orden y la autoridad. Son sus herramientas más frecuentes el gatillo fácil, las torturas y las detenciones arbitrarias, acompañadas por el sobreseimiento fácil” judicial: la represión como política de Estado”.

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Taller en un merendero de Lanús

“Incidentes en Villa…”, “Enfrentamientos entre policía y vecinos en el asentamiento…”, “Confuso episodio en el barrio…”, “Puente Pueyrredon: La policía corrió a los manifestantes”, “Desalojo de un conventillo”; son titulares reiterados en zócalos de canales de televisión, primeras planas de diarios o relatos de informativos en las radios de los grandes medios de comunicación. Una crónica del diario La Nación de julio pasado cuenta cómo una vecina en Vicente López y un vecino de Palermo agradecen a los Operativos de Control Poblacional Conjunto (OCPC) puestos en marcha por la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, que les permiten caminar por las calles “sin temor a ser víctima de un delito”. El mismo diario titula días más tarde: “Nuevos controles callejeros: hay cinco detenidos por día” [1]. Pero, ¿quiénes son esos detenidxs? ¿Los requisan sin orden judicial? ¿Los verduguean y los dejan seguir? ¿A qué vecinxs llevan tranquilidad? La estigmatización y criminalización de la pobreza que reproducen tiene un especial efecto dentro del imaginario colectivo, y califica como sospechosxs a los pibxs pobres de los barrios más humildes, descriptos generalmente como “zonas calientes”.

El discurso mediático crea determinados estereotipos de personas que se engloban en esa idea del peligro ya sea por su vestimenta, color de la piel o la pertenencia a un determinado barrio. Las combinaciones de algunas de estas características se presentan como motivo suficiente para determinar si una persona puede ser un delincuente, son generalizaciones que no tienen especial asidero en la vida real. “El mito del ‘pibe chorro’ se construye a partir de un reservorio bestial que existe en el imaginario social que actúa como insumo para activar las pasiones punitivas de la vecinocracia. Donde hay un cliché – ‘los jóvenes son todos vagos’, los jóvenes te matan por una zapatilla´-, no hay una pregunta, hay una incapacidad de pensarlo y difícilmente se lo pueda sentir”, señala Esteban Rodríguez Alzueta, integrante del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales (LESyC) [2].

“Varias veces, cuando hemos salido de paseo o a hacer alguna actividad, nos han mirado de reojo, como la vez que fuimos al Cine Gaumont, y la gente de seguridad se hacían señas para que nos vigilen y nos rodearon varios hasta que mostramos las entradas, o como cuando fuimos a la charla de Norita Cortiñas y la hermana de Luciano Arruga en la UBA subimos al bondi, y el chancho hizo señas, yo enseguida le contesté que estaban conmigo, que teníamos Sube, y que tienen derecho a una recreación, a salidas, a vivir una vida como todos, que no se los juzgue por sus ropas, sus caritas”, cuenta Mansilla.

Ese discurso mediático es el que le otorga legitimidad a las detenciones por portación de rostro que en el último año se han reiterado con mayor frecuencia, sumado a las constantes prácticas institucionales violentas que usa la fuerza policial para atemorizar a los pibes y que ya es moneda corriente. En octubre del año pasado, en la zona sur del conurbano desembarcaron las “fuerzas federales”, como resultado del acuerdo firmado entre Nación y Provincia, que puso en la calle 1.200 efectivos para patrullar los municipios de Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora y Quilmes. Estas son las medidas que está tomado el gobierno de Cambiemos contra jóvenes de más bajos recursos sumado a militarización de los barrios proveniente del gobierno de Daniel Scioli, con la creación de la Policía Local y una mayor presencia de Gendarmería en los barrios más carenciados. Así como en los doce años anteriores, el presupuesto de seguridad se incrementó un 1.096%, con un pico de aumento del 31,8% en el área de Defensa, ya se filtró que en Buenos Aires, durante 2017 se destinarán 74% más de recursos que en 2015 a seguridad y servicio penitenciario. Y el presupuesto nacional no quedará al margen: en Defensa, el presupuesto de 2016 entregó $38.961 millones, mientras que el próximo año sería de  $50.600 millones, es decir, un incremento del 29,9%. Y en Seguridad Interior, crecerá  un 14,9% [3].

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Jesica Mansilla junto a sus alumnxs del programa FINES

“Yo los invitaría un día a que vengan a la Fundación, que convivan un día con nosotros. Se van a dar cuenta que son pibitxs, que viven la única realidad que conocen lamentablemente. Que este Estado los fue invisibilizando, y este gobierno aún más, porque se ve día a día como la Policía los persigue pero arregla con las mafias. Hay una burocracia elitista, su hipocresía política, su individualismo hedonista, con una desigualdad cada día más creciente. Hay días en que me voy con una angustia e impotencia, por lo que escucho de sus bocas, de ver sus caras pero, saber que somos muchxs lxs que luchamos contra ese capitalismo que decide qué y quién come, que decide el contenido de los libros, y también de quienes pueden estudiar, que le ponemos el pecho a las instituciones como la Policía, que nos reprime y nos estigmatiza”.

El recrudecimiento de las fuerzas de seguridad no es noticia, el aumento de uniformados en las calles, tampoco. En el “Antirrepresivo 2016” de la CORREPI datan que la nueva fuerza de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (unificación de la PFA y la Metropolitana) tendrá 25.000 efectivos exclusivamente afectados a la tarea de patrullaje urbano, lo que convierte a la CABA en líder mundial en presencia policial en las calles, con más de 860 policías cada 100.000 habitantes (la ONU recomienda 300 por cada 100.000). Agregado a esta cantidad, se suma la presencia de gendarmes y prefectos en los barrios del sur de la ciudad y los millares de agentes de seguridad privada y la nueva policía local.

El hostigamiento, el cerco de uniformados en los barrios, la represión como castigo ante cualquier protesta y las detenciones arbitrarias seguidas de tortura se han convertido en prácticas rutinarias para amedrentar a los jóvenes de más bajos recursos, esas mismas prácticas que ahora también se trasladan a lxs militantes sociales para debilitar las organizaciones que ayudan a lxs chicxs. Las declaraciones del secretario de seguridad de Lanús, Diego Kravetz, parecen resumirlo todo: “Se trató de una situación policial que se intenta politizar. La policía tiene que ser respetada y actuó porque la situación se había desmadrado”. Así, el accionar policial encuentra siempre los argumentos para justificar sus procedimientos a diferencia de la organización de los de abajo cuyas respuestas solo son consideradas desmedidas, incorrectas, irrespetuosas ante la autoridad. Quizás por eso, miembrxs del comedor Cartoneritos y vecinxs de Villa Caraza marcharon al municipio con pancartas que expresaban una vieja y conocida frase, clara y contundente, que derriba todo pedido de respeto a la policía: “Bajen las armas, aquí solo hay pibxs comiendo”.


[1] http://lanacion.com.ar/1921163-nuevos-controles-callejeros-hay-5-detenidos-por-dia

[2] “Política de inseguridad”: http://lanan.com.ar/lagargantapoderosa-violenciainstitucional

[3] http://correpi.lahaine.org/?p=1827

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