Educación/Política nacional

¡Sí se puede! El mercado del Aprender 2016

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La educación inundó la agenda y la culpa docente acapara titulos y editoriales. El rechazo sindical, las escuelas tomadas y el llamado boicot a la Evaluación Aprender 2016 ante la sospecha política y el miedo laboral sobre el qué harán con unos resultados ya harto conocidos. Bullrich y su llamada revolución educativa, el capital humano y la mano invisible del mercado, que todo lo guía.

Por Silvina Arrieta y Santiago Pellegrini / @SilvinaBelen77 y @sanjpelle


“Tuve hace un rato un diálogo increíble con un dirigente sindical de acá de la Ciudad de Buenos Aires, que estaba cortando la calle por la evaluación… Una cosa asombrosa, ¿por qué no evalúan algún día a los docentes en vez de a los alumnos? Que me parece que están peor”. Sobre Acoyte y Rivadavia, la voz de Marcelo Longobardi a través de radio Mitre no se escuchaba, pero ya desde bien temprano, se advertía.

El corte se cumplía con una puntualidad escolar. Los insultos y críticas se despertaron a las siete de la mañana en punto, junto a las cámaras de televisión que pronto reflejaban las banderas y carteles de Ademys, uno de los 17 sindicatos docentes de la Capital Federal, dando comienzo a una jornada educativa a transitar por las calles, los edificios tomados y la indignación mediática.

Nuevamente, nuestra escuela fue noticia, como ante cada conflicto salarial, paro docente o escuela tomada. Como al principio del año, cuando las paritarias calentaban el primer marzo del joven gobierno, la atención pública sirvió de custodia a un quehacer docente que se le ruega solamente cumplir la totalidad de los días escolares.

“Fue un error gravísimo haberle firmado la paritaria salarial a principio de año a Vidal. La foto del inicio de clases con “normalidad” fue lapidaria porque le dio al gobierno un aire que no tenía por sus propias políticas”, reprocha, lejos del reclamado deber ser docente, Romina Del Pla, Secretaria General del SUTEBA La Matanza, dirigente del Partido Obrero.

En el centro del país, el año lectivo empezaba con una victoria oficial. Con bombos y platillos, en la provincia de Buenos Aires se anunciaba el acuerdo salarial con los docentes, logrando que las clases comiencen en tiempo y forma en las escuelas primarias y secundarias. El proclamado diálogo y consenso superó la prueba más complicada, logrando, incluso, acallar la situación en provincias como Tierra del Fuego o Santiago del Estero, donde leyes de ajuste y ofertas salariales insatisfactorias provocaron paros, manifestaciones públicas, balas de goma y gases lacrimógenos.

Los ciclos lectivos, sin embargo, son largos, y dan revancha. La ilusión del segundo semestre vino con el pedido de reapertura de paritarias, al cual la docencia argentina le suma un nuevo examen: la Evaluación Aprender 2016.

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Apenas pasada las 11 de la mañana, sobre Rivadavia ya quedaron tan solo papeles y panfletos. El llamado boicot a la Evaluación Aprender aún no había terminado, pero ya brindaba resultados a ir recolectando de a poco, hurgando entre las escuelas y comunas. “Estamos satisfechos. En el distrito de Flores, tenemos información de que el presentismo no llegó al 25%. El rechazo también es de las familias, que decidieron no mandar a sus hijos e hijas a la escuela y que siguen confiando más en los docentes que en los gobiernos”, resume el Secretario general de Ademys, Jorge Adaro.

La estandarización del examen, con preguntas formuladas en la simple y concreta forma de multiplechoice, la falta de contextualización de las realidades socioeducativas del alumnado, la no consulta a la comunidad educativa en torno al contenido, siguiendo a rajatabla criterios importados, y la metodología del examen, entre otros reclamos, componen los principales puntos que tanto docentes como estudiantes impulsaron como argumentos suficientes para no presentarse a rendir y protestar.

Más allá de que el examen se realizó el martes 18 y miércoles 19, los paros, cortes y tomas de escuelas protagonizaron el primer día del operativo nacional. Ante el agitado debut de la medida estrella de la política educativa del gobierno, las placas de los noticieros de los grandes medios rezaban desconcierto. Los establecimientos tomados por resolución de los centros de estudiantes amanecieron con cámaras y grabadores, pero sin clases. Otros, mientras tanto, como en la Escuela Nº 12 DE 5, de la Villa 21-24, se tardan unos minutos para, como todos los días, arrancar la jornada. La falta de bancos y sillas obliga a los chicos y chicas a buscar sus posibles asientos entre aulas ajenas y oficinas, haciendo de la primera clase una demora cotidiana. Pero esto no se evalúa, ni merece una cámara, y mucho menos un título.

La Evaluación Aprender, siendo noticia, no es, sin embargo, una novedad en nuestro sistema educativo. La Ley Federal de Educación, sancionada en 1993, en su artículo 49 ya establecía la necesidad de “garantizar la calidad de la formación impartida en los distintos ciclos, niveles y regímenes especiales mediante la evaluación permanente del sistema educativo”. Asimismo, los Operativos Nacionales de Educación (ONE), realizados en el 2010 y 2013, cumplían las funciones establecidas en el Plan Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa, para el período 2010-2020, aprobado por el Consejo Federal de Educación (CFE) e inscriptas en la Ley de Educación Nacional 26.206 (2006). Por si fuera poco, vale remarcar que la Argentina también participa de Estudios Internacionales de Evaluación, desde el año 1997, estudios que son organizados por la LLECE-UNESCO (PERCE -1997/ SERCE -2006/ TERCE -2013)  y la OCDE (PISA 2001-2006-2009-2012).

Dado que el único carácter que se modifica de las ONE con Aprender es el alcance de la muestra, siendo las segundas de índole censal, vale preguntarnos: ¿Cuáles son los motivos por los cuales docentes, centros de estudiantes, padres y madres de escuelas primarias y secundarias se oponen al Aprender 2016?

“El objetivo es establecer un ranking de escuelas y va a dar resultados brutalmente desiguales”, denuncia Del Pla. “No se confía que el gobierno vaya a hacer algo que signifique una mejora en las condiciones educativas de las y los alumnos”, agrega Adaro. “Al medir sólo resultados, probablemente se marcarán diferencias a favor de las escuelas con mayores recursos, abriendo así las puertas a sistemas que castigarán a aquellas que resulten con peor desempeño”, escribe Sergio Romero, Secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA).

La sospecha cae sobre un gobierno que en 11 meses no solo llevó a cabo un fuerte ajuste sobre los sectores populares, sino que también aplicó, como indica el último informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, represión a las protestas sociales, la criminalización de la misma y el despido de activistas y delegados. Las tizas, lejos de temblar, de los pizarrones pasaron a las pancartas y carteles.

El problema, como bien explican, no es el instrumento, la evaluación per se, sino el gobierno que la aplica y el rol clave que de la misma se publicita a través del Ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich. Para algunos grieta, para otros, lisa y llanamente, política. O, particularmente en el rechazo docente, trabajo. El informe Profesores excelentes, cómo mejorar el aprendizaje en América Latina, elaborado, hace ya dos años, por el Banco Mundial, establece el abc necesario para una correcta aplicación de una feliz y final evaluación docente: “El primer paso son las pruebas a los estudiantes, con una divulgación transparente de los resultados”; el segundo, “la adopción del pago de bonificaciones a nivel de las escuelas, mediante el cual se establece el concepto de pago por desempeño y las escuelas se centran en el progreso del aprendizaje del alumno”; y por último, el examen a la docencia, “en forma individual y de manera voluntaria, con el atractivo de recompensas financieras para los profesores que asuman el riesgo de ser evaluados y demuestren un buen desempeño”. Aquí, nuevamente, la legislación argentina limpia el terreno, pasa el rastrillo y planta la semilla para que por medio del Artículo 95 de la Ley 26.206 dé rienda suelta a estos operativos para evaluar a cada actor educativo y así extraer información perteneciente al sistema.

El informe y las líneas de trabajo recomendadas ilustran ejemplos, modelos como el de Chile o México, países que los sindicatos hasta el hartazgo repiten como los principales alumnos de una aplicación neoliberal que hace de la evaluación y el salario una relación continua: allí, el salario aumenta por productividad, la cual está marcada por el rendimiento tanto de los alumnos como de los docentes en las pruebas de evaluación.

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“El proceso de degradación de la escuela tiene un correlato en la degradación de la sociedad, la cual tiene que ver con cómo funcionan las relaciones sociales de producción capitalista y la tendencia a la descalificación social del trabajo”, profundiza la Dra. Romina De Luca, investigadora asistente del CONICET especializada en historia de la educación en Argentina. “Este tipo de pruebas que se vienen dando desde la década del 60 demuestran la necesidad del capital en su conjunto de tener cada vez más información precisa sobre qué tipo de forma de trabajo se está formando en cada espacio nacional y en cada región”, explica para Notas Dana Hirsch, también investigadora del CONICET y especialista en Ciencias de la Educación[i].

La relación entre el capital y la educación, las demandas y exigencias de los sectores productivos hacia la escuela y su formación, componen un viejo debate en nuestro país que para mediados del siglo XIX se daba entre aquellos que promovían una formación ciudadana y política y quienes, por el contrario, apostaban a un recorrido educativo estructurado a las necesidades económicas de un país joven y por hacerse. Lejos de ser una disputa ya saldada, Bullrich se posiciona: en una columna publicada en el diario Clarín, titulada “En educación, mejor capital humano”[ii], el actual ministro enumera las bases para una revolución educativa guiada por la siempre vigente mano invisible del mercado.

“Este año el Instituto Nacional de Educación Tecnológica y el Ministerio de Trabajo, realizaron una encuesta a casi 900 empresas, para ver qué es lo que necesitan de nuestros recursos humanos”, comienza explicando. En lugar de consultar a la comunidad educativa, desde el Ministerio de Educación y Deportes golpean puertas empresariales para atender sus gustos y necesidades, al tiempo que, para “fomentar una educación de calidad”, se precisa de la “ayuda” del sector privado, a través de su “inversión, compromiso y esfuerzo”, además de “inversores extranjeros que vengan a la Argentina”.

Si el sistema educativo, especialmente el público, se encuentra, como califican de izquierda a derecha, en crisis, ¿cómo se entiende el pedido oficial de inversiones privadas y extranjeras para transformar su funcionamiento? ¿Cuáles son las necesidades y exigencias de los sectores privados sobre las y los egresados? ¿Qué significa tener un sistema educativo a demanda de empresas e inversiones extranjeras?  ¿Cómo se inserta la Evaluación Aprender dentro de estos denominados objetivos a largo plazo?

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“La idea de garantizar inclusión, permanencia y tránsito en la escuela secundaria va acompañada por un montón de dispositivos que convierten al sistema en una máquina por la cual los alumnos circulan, pero por un proceso de degradación curricular gigantesca. Desde la Reforma Educativa con Onganía, pasando por la Ley Federal en los 90, donde se focaliza en contenidos básicos, comunes y mínimos que luego cada provincia tiene que adecuarlo a las necesidades y a las posibilidades de las empresas en cada nicho regional de acumulación del capital: se crea una escuela barata a las necesidades regionales”, sentencia De Luca.

Una forma de maquillar la línea de tiempo que venía castigando al sistema educativo es mediante la Ley 26.206, la cual establece que la CFE debe garantizar la jornada extendida o completa en pos de salvaguardar los objetivos que la ley plantea para cada nivel. ¿Esto se logró? Ni a medias tintas, prosigue De Luca: “Producto de la crisis edilicia, la implementación de la jornada extendida se da en clubes, organizaciones no gubernamentales, comedores, y como ocurre con el Plan FinES, hasta en casas particulares. No se puede superponer a los alumnos de los dos turnos de una misma escuela que no tiene capacidad de infraestructura. Y que, en algunos casos, hasta tuvieron que techar el patio y convertirlo en un comedor para que los alumnos almorzaran y cumplieran con la jornada pautada. Ni hablar de las escuelas quincho que siguen existiendo en las regiones del noreste y noroeste”.

Al alumnado se evalúa, se mide y juzga, haciendo del mismo la excusa y el punto de partida para una reforma que se va perfilando de a migajas. “La verdad duele”, aviso Mauricio Macri. Sí, pero ya es conocida: legislaciones que dan apertura a la voz del empresariado sobre el futuro educativo, falta de infraestructura, recorte de presupuesto, salarios por debajo de la canasta familiar, disciplinamiento para los que se salgan de la fila. La educación está en crisis y es un cuento que se sabe de memoria.

Parece, una vez más, que suena la campana para el sistema educativo argentino. Con guardapolvo y tiza en mano, frente a un pizarrón o entre panfletos y pancartas, docentes seguirán buscando no quedar chicos frente a la televisión y los grandes diarios, las voces autorizadas, las aventuras gubernamentales. Los resultados del Aprender 2016 aguardaran su marzo, y con él sus posibles consecuencias. Las escuelas, juntas, abrirán sus puertas, nuevamente, para quienes quieran escucharlas.


 

[i] http://notas.org.ar/2016/10/18/aprender-2016-capital-necesita-informacion-fuerza-trabajo/

[ii] http://www.clarin.com/opinion/educacion-mejor-capital-humano_0_1662433896.html

 

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