Luchas cotidianas/Pueblos Originarios

Son los nadies tal vez, las raíces de pie

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Este 12 de octubre se cumplen siete años del asesinato del comunero indígena Javier Chocobar. Se cumplen también siete años de espera por el juicio oral. ¿Por qué este caso está trabado aún en la justicia tucumana? Nuevamente la tierra en disputa y un Estado que actúa defendiendo a los poderosos. 

Por Alejandra Santiago @alejaisantiago


Tucumán, 12 de Octubre del año 2009, Territorio de la Comunidad de Chuschagasta, Nación Diaguita. Humberto Gómez, ex policía del comando parapolicial Atila que funcionaba en la década del ’80, post dictadura militar, tiene un arma empuñada. Lo acompaña José Valdivieso, otro ex policía. Darío Amín filma y tiene un arma también. Los comuneros Delfín Cata, Emilio Mamaní y Andrés Mamaní están sorprendidos, Gómez grita, amenaza… y dispara. Intentan sacarle el arma a Gómez, pero el odio racista contra los indígenas se lleva una nueva vida. La de Javier Chocobar de 68 años, integrante del consejo de ancianos de su comunidad.

El caso Chocobar engrosa la lista de asesinatos por defensa del territorio: Miguel Galván, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero-Vía Campesina (MoCaSE-VC), Sandra Ely Juárez, de 33 años, quien murió de un paro cardiorrespiratorio al tratar de evitar la tala de un monte en San Nicolás, a unos 40 kilómetros de Clodomira, Santiago del Estero, Cristian Ferreyra, de 25 años, asesinado por dos sicarios contratados por un empresario sojero santafesino, Roberto López, qom, asesinado por la policía formoseña en la ruta nacional N° 86. No son casos aislados, asesinatos, amenazas, golpizas, todo responde a un problema estructural: la criminalización de la protesta indígena.

Desalojos campesinos y la anuencia del juez

El territorio donde ocurrió el asesinato de Javier Chocobar se encontraba en disputa desde hace años con la familia terrateniente Amín. Darin Amín, uno de los acusados por la comunidad como responsable del asesinato de Javier Chocobar, dice ser dueño de un sector del territorio donde vive una parte del pueblo Chuschagasta en el Chorro, departamento Trancas al norte de la provincia de Tucuman. Allí vivía Javier Chocobar, quien de hecho es asesinado a metros de su casa. Pero ese territorio que reclama Amin fue expropiado por el Estado en 1973, y debería ser entregado a la comunidad indígena. La familia Amin guarda un interés particular con esos terrenos por la explotación que llevaban a cabo de una cantera de tierras lajas (un tipo de roca que se usa para construcción, tejas), pero luego se le había negado el permiso. La comunidad Chuschagasta hacía tiempo que se dirigía hacia ese territorio para defenderlo. El interés de la familia Amín se despierta en el 2009 porque es cuando la provincia comienza con los relevamientos territoriales ocupados por comunidades indígenas, dispuestos por la ley 26.160.

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La causa contra los tres imputados estuvo en su inicio a cargo del Juez de instrucción Alfonso Zóttolli. A pedido del fiscal Adolfo Suasnábar, se dictó la prisión preventiva para Amín y Gómez, pero no para Valdivieso. Una apelación interpuesta por los abogados defensores ante la Cámara de Apelaciones de Tucumán, dejó como resultado la liberación de ambos detenidos, el 18 de febrero de 2010. Estuvieron menos de 4 meses con prisión preventiva en una unidad de Bomberos y fueron dejados en libertad a pesar de que los tres implicados están imputados por homicidio calificado y por portación de armas de fuego. No volverán a ser detenidos hasta el juicio oral. “Nos preocupa que estos delincuentes estén en libertad”, expresó Andrés Manamí, cacique de la comunidad Chuschagasta, uno de los heridos de bala de aquel 12 de octubre.

Amigos del Poder

Luego de 7 años, aún sigue sin llamarse a un juicio oral. Es por esto que se conformó el espacio de “Justicia por Chocobar”, una mesa de trabajo y acción conjunta conformada por la Comunidad Indígena de Chuschagasta; Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Tucumán; Familiares de Ismael Lucena (asesinado por el aparato policial en 2011); Andhes – Abogadas y Abogados del NOA en DDHH y Estudios Sociales, H.I.J.O.S. – Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, Corriente de Organizaciones de Base La Brecha; Acoplase; La Plata Comunicación Popular; APA – Agencia de Prensa Alternativa; APDH – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; La Poderosa; Agrupación Taypi Ñam; La 49; Miembros de Pueblos Originarios de Tucumán y Comunicadores/as independientes.

hoy

12/10/2016 Acto frente a casa de Gobierno

“No estamos hablando sólo de un asesinato. Es la justicia la que viola las mismas leyes que establece. Como la ley 26.160 que protege los territorios ancestrales”, afirma la abogada querellante en la causa Belén Leguizamón. Aún cuando se establecen leyes que protegen el derecho de las comunidades, el sistema judicial defiende a los poderosos. “Ya se respondieron y se desestimaron todos los recursos de nulidad que había presentado la defensa, con claros fines dilatorios, como lo venimos sosteniendo”, sostuvo la abogada. Desde el año 2014 la causa ya está con la citación a juicio, no hay razones jurídicas para continuar dilatando la instancia. La etapa de investigación está cerrada, las pruebas presentadas y el juez asignado. Darío Amín, Luis Gómez y Eduardo Valdivieso aún caminan tranquilos por las calles tucumanas.

Son los pocos

Mientras que unos se rodean de los amigos del poder, otros defienden sus valores y su cultura con su propia vida. Las comunidades campesinas, indígenas, cuentan con leyes que sólo quedan en un papel, mientras que los desalojos violentos y asesinatos que sufren sólo retumban en una justicia ciega. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida”, nos invitó Berta Cáceres, líder indígena hondureña. Ella pagó con su vida la defensa del río Gualcarque contra el avance de las empresas trasnacionales. En la Argentina, las comunidades indígenas pagan de la misma manera la resistencia en sus territorios. Como afirmó Berta Cáceres también, La Madre Tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente los derechos elementales, nos exige actuar.”

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