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América Latina vuelve a sufrir un “golpe blando”. El caso de Brasil se suma a los ocurridos en los últimos años, luego de las destituciones en Honduras (2009) y Paraguay (2012). Nuevos y no tan nuevos actores en una avanzada de la derecha ante el fin de los gobiernos progresistas, con el condimento siempre presente de Estados Unidos. ¿Qué tienen en común los golpes en Haití, Honduras, Paraguay y Brasil? ¿Qué estrategias fueron rediseñadas?

Por Pablo Lescano y Silvina Arrieta – @SilvinaBelen77


El rebaño donde convivían los países del UNASUR entró en crisis. Las investiduras fueron rasgadas y más de uno cambio de pieles. Los colmillos afilados y hambrientos, dejaron atrás la textura suave y blanca para arremeter de manera feroz el poder. Un día sos cordero, otro podes ser lobo. Quién es quién dentro de la burguesía que cambia la piel para sentarse en el sillón anhelado.

Sonaron las alarmas, la señal roja de que algo andaba mal empezó a titilar. Esta vez sin botas, y quizá sin armas, son otras las jugadas que “destituyen” gobiernos democráticos en América Latina. Es por eso que desde los medios de comunicación ya no se habla de “golpes de estado”, como aquellos últimos sufridos desde la década del 60/70 que atravesaron a toda la región latinoamericana.

En su acepción original, presentada por primera vez en 1639 por Gabriel Naudé en su obra Considérations politiques sur les coups d’État, el golpe de Estado es un acto llevado adelante por el soberano para desplazar algunos de sus propios funcionarios, acusados de conspirar contra él y así reforzar su propio poder.

Estados Unidos patrocinó golpes cívico-militares durante el siglo XX como una demostración de su hegemonía y como una forma de disciplinamiento (o para disciplinar) a los países latinoamericanos que no desarrollaran en su ámbito interno políticas conformes a sus objetivos y se alinearan con su política exterior en el marco de la Guerra Fría.

En los últimos años, dicha estrategia ha ido perdiendo fuerza. Basta recordar la operación contra Hugo Chávez en 2002, cuando lo secuestraron los altos mandos militares, mientras el presidente de la asociación de empresarios tomaba su lugar. El pueblo, ni bien se enteró de lo ocurrido, tomó por asalto el palacio de Miraflores, expulsó a quien había tomado el cargo antidemocráticamente y repuso al presidente electo en su cargo.

Ante un escenario diferente, se puso en marcha un dispositivo que cuenta con tres actores fundamentales: los medios masivos de comunicación hegemónicos, el aparato judicial y una derecha latinoamericana que tenía que ser presentada como despojada de todos los elementos del pasado reciente neoliberal que había fracasado estrepitosamente en la región, al menos en lo que hace al aspecto económico.

¿La estrategia? Un nuevo tipo de golpe: los golpes blandos. Éstos consisten en generar un clima de inestabilidad social para dar lugar a una salida destituyente. Cabe aclarar que estos procesos encuentran su origen en dos cuestiones centrales: por un lado, un proceso de cambio social a nivel regional, marcado por una restauración de la derecha en clave neoliberal; por otro lado, la nueva estrategia de intervención desplegada por EE.UU. desde la asunción a la presidencia de Barack Obama (2009) hasta la actualidad, orientada a restituir la influencia y liderazgo imperialistas en América Latina, en declive tras la derrota del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en el año 2005.

De esta forma, se vuelve necesario interpretar los procesos de destitución contra Jean Bertrand Aristide en Haití (2004), Manuel Zelaya en Honduras (2009), Fernando Lugo en Paraguay (2012) y Dilma Rousseff en Brasil (2016), desde esta perspectiva, ya que comparten determinadas características, aunque a su vez se deben reconocer ciertas especificidades.

La participación de las Fuerzas Armadas

De acuerdo a lo expresado por la socióloga Lorena Soler, en su artículo sobre los golpes de Estado en el siglo XXI[1], a diferencia de los golpes tradicionales en América Latina gestados desde las Fuerzas Armadas para quedarse con el poder, en los casos de Haití, Honduras, Paraguay y Brasil, las Fuerzas Armadas no actuaron por iniciativa propia, no utilizaron la violencia física ni intentaron “asaltar” el gobierno como antaño, ya que no contaban con el poder ni la autoridad para hacerlo.

Sin embargo, a diferencia de Paraguay y Brasil, en Honduras y Haití las Fuerzas Armadas sí tuvieron participación.

El golpe de Estado contra Jean-Bertrand Aristide (2004) tuvo injerencia no sólo de la policía que el propio presidente había creado, sino también de las Fuerzas Armadas que continúan siendo una fuerza de choque directa de los Estados Unidos en ese país, más intensamente a partir de la última ocupación militar luego del terremoto del año 2010.

Algo similar sucedió en Honduras, cuando el presidente Zelaya destituyó al general Romeo Vásquez como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas por negarse a distribuir los materiales electorales para la consulta popular que abriría el camino a la reforma constitucional, o como cuando deportaron a Zelaya a Costa Rica en un avión militar. Al respecto, toda una declaración de principios: el principal asesor legal de los militares admitió que “la decisión de sacarlo a Costa Rica la tomamos nosotros como Fuerza Armada”.

El rol de los medios de comunicación

Prosiguiendo con lo señalado por Soler, en los golpes de estado del siglo XXI la violencia reaccionaria y física juega sólo un papel auxiliar, comparada con la de los medios de comunicación generadores de la narrativa de la crisis o del consenso. En todos los casos los medios de comunicación, junto con las redes sociales de comunicación instantánea, han sido centrales en la creación de una ideología golpista, a través de núcleos argumentativos comunes para justificar los Golpes de Estado en el Siglo XXI.

Se construye así la representación del gobierno “aislado” –pese a contar con un apoyo popular mayoritario– como también la necesidad de poner fin a la conflictividad y el enfrentamiento entre “ciudadanos de la misma nacionalidad”.

El conflicto social no se vincula a la disputa de intereses económicos o al enfrentamiento de clases, sino a la “incapacidad” de los mandatarios para gobernar, así como a las desmedidas ambiciones de los movimientos sociales. Paradójicamente, al tiempo que se califica a los gobiernos como presidencialistas con una “tendencia autoritaria” que busca perpetuarse en el ejecutivo, se manifiesta un “vacío de poder” y un clima de ingobernabilidad política que atraviesan las instituciones de estos países.

Pudo verse de igual modo en la reciente destitución de Dilma Rousseff en Brasil. A comienzos del año 2016, el Senado brasilero aprobó del inicio del impeachment (juicio político) contra la ahora ex mandataria, cuyo resultado inmediato fue la separación del cargo y el inicio de un proceso de 180 días que predecía la destitución definitiva. El “golpe blando” aquí, conjuga con otra característica dentro de los medios hegemónicos: el hacer creer que es un “proceso constitucional normal”, cuando más del 60% los senadores que decidieron el juicio contra Rousseff se encuentran procesados por el sistema judicial en causas por corrupción. Así es como se efectuó una avanzada de la derecha con el Partido Movimiento Democrático Popular (PMDB) de Michel Temer junto con la “colaboración” de grandes medios como O Globo. Es necesario remarcar que el Partido de los Trabajadores de Rousseff conformó una coalición junto al PMDB[2] y las corporaciones empresarias. “Quiero dialogar con los sectores empresariales, financiero, con el mercado, para discutir cuáles son los caminos de Brasil”[3], promulgó la mandataria días posteriores a su reelección y con una caída de la bolsa a cuestas.

Tal como anticipamos, las tácticas son diferentes, y los medios de comunicación como actores de este proceso también cambiaron algunas señas. La mirada debería correrse y preguntarse a quiénes responden y para quienes trabajan los medios. Dime quien es tu dueño, y sabré qué intereses representas…

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Protestas contra el juicio político al ex Presidente Fernando Lugo en 2012

Los mecanismos de destitución

Los métodos de la remoción autoritaria no han sido idénticos. En Paraguay fue posible televisar un juicio exprés[4], en el cual no se presentó una sola prueba porque las mismas, según el dedo acusador, eran “de público conocimiento”.

En dicha apelación se recurrió a la cláusula madre de la represión dictatorial: los delitos políticos no necesitan ser probados por ser “de público conocimiento”.

En lo que respecta a Brasil, se procedió bajo la figura anglosajona de impeachment[5], contemplada en la Constitución Nacional. En mayo del corriente año, el Senado aprobó el proceso de impeachment y Dilma fue separada de su cargo por un máximo de 180 días (lo que dure el juicio), asumiendo de forma interina el vicepresidente Michel Temer. Al mes siguiente, un informe elaborado por técnicos del Senado (controlado por la oposición) señaló que no existían pruebas de que Rousseff participara en las maniobras fiscales, que supuso la principal causa que llevó a la apertura del juicio político. Sin embargo, el Senado desestimó esto último y el procedimiento siguió su cauce. Entre julio y agosto, se presentaron a declarar diversos testigos, como también hubo lugar para la defensa de la presidenta suspendida en sus funciones. Finalmente, el 31 de agosto, el Senado aprobó el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, en donde 61 senadores votaron a favor de la destitución.

Diferente fue el caso de Honduras, que aun habiendo utilizado “argumentos legales” con preeminencia del parlamento[6], se debió apelar al secuestro y expulsión de Zelaya, quien fue retirado de madrugada vía intervención militar.

En cambio, en Haití es posible otorgarle un mayor peso explicativo al rol estratégico desempeñado principalmente por los Estados Unidos.

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La dimensión internacional y regional del golpismo

A diferencia de los golpes de Estado de la década de 1970 que se producían en el marco de la Guerra Fría, los golpes de estado del siglo XXI se producen en un escenario pos 11 de septiembre donde la política exterior comienza a estar amparada en el paradigma de la lucha contra el terrorismo.

No obstante, es relevante considerar la dimensión internacional que enmarca a estas destituciones y, especialmente, el rol de las instituciones regionales como Unasur y Mercosur, las cuales se mostraron impotentes para devolver a los presidentes depuestos a sus cargos, aunque impusieron suspensiones a Honduras y Paraguay hasta que un nuevo proceso electoral decidiera por nuevos presidentes y autoridades políticas.

Es importante remarcar que Brasil adoptó un pulso político diferente. Mientras encabezó la protesta latinoamericana en la OEA y le abrió las puertas de su embajada a Manuel Zelaya, fue el más cauto de todos los países de la región a la hora de condenar el Golpe en Paraguay. En efecto, ello responde a los diferentes intereses comerciales y económicos que posee, puesto que comparte con Paraguay la represa de Itaipú y una amplia frontera sojera. Por otro lado, el gigante del Cono Sur tuvo un crecimiento económico importante los años anteriores, con un peso significativo de la industria – aunque ahora atraviesa una seria desaceleración- que lo llevó a conformar el BRICS[7] (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica), como bloque económico en mira de ser potencia, como la sombra que acecha a EEUU, en el marco de un mundo multipolar en una señal de claro desafío a la hegemonía norteamericana.

En el caso de Honduras, el repudio provino principalmente de la diplomacia multilateral, encabezada por el presidente de Costa Rica, Oscar Arias, quien diseñó el “Plan Arias” para lograr la restauración de Zelaya. La Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaron el cese de la asistencia financiera y Estados Unidos deportó a Honduras a Bianca Micheletti, hija del presidente de facto, que trabajaba en la embajada hondureña en Washington.

Por otra parte, los casos de Honduras y de Haití contienen un aditivo particular para repensar el mapa imperialista norteamericano en la destitución de ambos presidentes. El presidente de Jean-Bertrand Aristide es un buen ejemplo de la interferencia del gobierno estadounidense en los asuntos internos haitianos, en tanto fue dos veces depuesto con la intervención directa de los Estados Unidos. Mientras que por el lado de Manuel Zelaya, Estados Unidos nunca digirió que Honduras, en acuerdo con Hugo Chávez y como parte de la estrategia geopolítica venezolana en América Central, había firmado el tratado para incorporase al ALBA – Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América – aun cuando Honduras ya contaba con tratados de libre comercio con Estados Unidos y otros países que integran el DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América).

Asimismo, los tres países que estamos estudiando cuentan con bases militares norteamericanas. Bien es conocida la injerencia de Estados Unidos en Honduras, como parte de la política exterior desarrollada sobre Centroamérica y específicamente en su ofensiva contra el sandinismo. En Paraguay, por su parte, la dependencia imperialista ha sido más solapada, pero no por ello menos importante. Como lo revelan los recientes cables de Wikileaks, Fernando Lugo había autorizado la injerencia de Estados Unidos para el entrenamiento de fuerzas especiales denominadas Destacamento conjunto de Respuesta Rápida con miras a derribar la supuesta guerrilla del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo) que todavía no se sabe si existe como tal, qué características tiene o quiénes la componen. Los datos aportados por la misma inteligencia norteamericana revelan que tienen “más de banda delictiva que de vanguardia revolucionaria.

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¿No pasarán?

Noticias de ayer son los “golpes blandos” que atravesaron a Haití, Honduras, Paraguay y Brasil. No son golpes de estado, ya no. Porque los titulares remarcaron, que el caso de Brasil es “un proceso constitucional”. El papel de los medios de comunicación hace eco de esta nueva estrategia de la derecha, por esencia, por interés… El accionar es letal en conjunto con grandes corporaciones y partidos políticos que desean el trono. En nuestro país, el diario La Nación tituló, al día siguiente de la destitución: “Brasil: el Senado destituyó a Dilma Rousseff por amplia mayoría”. Pero otro rol importante es el que juegan los demás gobernantes de América Latina y cómo se proclaman ante ello. “Respetamos el proceso institucional en Brasil”, rezaba un tweet de Cancillería Argentina una vez confirmado el juicio político que alejaría a la mandataria brasileña de su cargo.

Ojos bien abiertos es lo que proclaman los pueblos. Los cañones cambiaron de objetivo y Venezuela parece ser el próximo gobierno progresista que llegará a su fin. El cuerpo del gobierno progresista del Brasil aún se encontraba tibio y en Venezuela la oposición realizó una marcha con epicentro en Caracas para exigir la revocatoria del gobierno de Nicolás Maduro. “La modalidad de la misma consistió en la confluencia de columnas provenientes de distintos puntos del país. La llamada #TomadeCaracas fue impulsada desde la Mesa de Unidad Democrática (MUD) donde se concentra toda la oposición burguesa. Si bien no llegó a colmar las expectativas, logró reunir algunas decenas de miles concentradas principalmente en la zona este de la ciudad, lugar de residencia de la burguesía y clase media, base social de la oposición”[8]. ¿Casualidad?

Venezuela está atravesando tácticas similares desde la oposición y con el dedo disciplinador proveniente de la potencia norteamericana. En marzo del 2015, Obama sentenció que el país bolivariano era “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”[9]; además, sancionó a siete funcionarios venezolanos bloqueando sus activos en el país del norte y cancelando sus visas. Pero, ¿qué pudo haberlo llevado a Obama a enunciar dicha declaración? A principios de ese año, Nicolás Maduro acordó inversiones por 20.000 millones de dólares con China para desarrollar la Faja del Orinoco, de donde saldrán los 500 mil barriles diarios de crudo que la potencia asiática comprará. Este acuerdo, es un acercamiento más al BRICS, el nuevo bloque económico camino a ser potencia mundial; es decir, camino a destronar a el país de la Estatua de la Libertad.

Los gobiernos autodenominados progresistas y populares, de manera escalonada, llegaron a su fin, y no es casual. La foto de los y las mandatarias en aquellos años donde el UNASUR afloraba, se está haciendo añicos. El momento de repensar que hizo que la escalada derechista haya arremetido ante los gobiernos autodenominados populistas, es hoy. Se visten de democracia, se despellejan las pieles y son lobos golpistas. La pelea es entre los de arriba, y los intereses que escuchan (y escucharán), al pueblo trabajador le pasa por la banquina.


[1] Golpes de estado en el siglo XXI. Un ejercicio comparado Haití (2004), Honduras (2009) y Paraguay (2012) en Cadernos Prolam/USP- Brazilian Journal of Latin American Studies, nº 26, Sao Pablo, Brasil, noviembre 2015, pp. 79-91

[2] El PMDB cuenta con 2.316.705 afiliados (16,7% del total), mayor cantidad de senadores (18) y tiene al titular de la cámara, Renan Calheiros. Es el segundo en cantidad de diputados (65), detrás del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), pero también tiene al presidente, Eduardo Cunha. Además posee el mayor número de gobernadores (7 de 27) y alcaldes (1.022 de 5.568) (Fuente: Infobae.com)

[3] http://www.lanacion.com.ar/1739473-tregua-de-los-mercado-a-dilma-que-prometio-cambios-de-fondo

[4] La Cámara baja (con el voto de 115 diputados de un total de 125) acusó al Presidente

de cinco hechos que se detallan en el libelo acusatorio:

1.Haber utilizado las instalaciones del Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas

en 2009 para un acto considerado “político-partidario” que se denominó Campamento

Latinoamericano de Jóvenes por el Cambio.

2. Ser “instigador” y “facilitador” de las tomas de tierras en la zona de Ñacundaí y

el uso de las fuerzas militares “para generar un verdadero estado de pánico” en la región.

3. Haber demostrado ser incapaz para desarrollar políticas y programas que busquen

disminuir la “inseguridad ciudadana”.

4. Haber apoyado el protocolo regional sobre el compromiso con la democracia en

el Mercosur (Ushuaia II) que sería interpretado como una violación de soberanía.

[5] Impeachment se refiere a un medio de juicio político mediante el cual se puede procesar legalmente a una persona de alto grado público, del cual es el Parlamento o el Congreso es quien debe de aprobarlo además de encargarse del juicio del acusado. Si a este último se lo halla culpable, el procedimiento puede culminar en la destitución e inhabilitación de sus funciones.

[6] El 8 de mayo, el Procurador General de la Nación, actuando como garante de la Constitución, solicitó a la Corte Suprema que declarara la ilegalidad y nulidad de la decisión del Poder Ejecutivo de llamar a una consulta popular para habilitar la reelección no inmediata del presidente. La consulta fue declarada ilegal por la Fiscalía, el Congreso y el Tribunal Supremo Electoral. La Corte Suprema ordenó a Zelaya que restituyera a Vásquez en su cargo, ahondando el enfrentamiento entre los poderes del Estado. La justificación legal del golpe se basó en la inconstitucionalidad de la consulta. El decreto 141-2009 del 28 de junio de 2009 acordaba separar al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales del cargo de Presidente Constitucional de la República de Honduras por las reiteradas violaciones a la Constitución. Los artículos 304 y 306 de la Constitución permiten llamar a la fuerza pública para hacer cumplir con los mandatos de la Corte.

[7] “BRICS”. Ver: https://actualidad.rt.com/themes/view/133501-brics-rusia-china-india-brasil-sudafrica

[8] “América latina: el avance de la derecha y el fin de ciclo de los gobiernos progresistas”. Ver: http://izquierda-revolucionaria.org/articulo/1265/america-latina-el-avance-de-la-derecha-y-el-fin-de-ciclo-de-los-gobiernos-progresistas/

[9] “El imperialismo no pasará”. Ver: http://izquierda-revolucionaria.org/articulo/406/el-imperialismo-no-pasara/

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