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De un plumazo se fue la ‘vieja’ Ley de Medios aprobada durante el kirchnerismo. Años de paneles, debates y discusiones quedaron de lado con el DNU 267/15 del presidente Mauricio Macri. ¿Cuál es el escenario de la comunicación en la actualidad? ¿Cómo quedaron parados los medios alternativos y comunitarios? ¿Quiénes son los ‘notables’ que se encargarán de una nueva ‘ley de medios’? Además: Opina Natalia Vinelli de Barricada TV.

 Por Santiago Pellegrini @SanjPelle


El reconocido anillo del fallecido Julio Humberto Grondona parece calzarle cómodamente a la mano derecha de Mauricio Macri. Bajo su firma, el DNU 267/15 modificó sustancialmente una ley que contó con la participación y aprobación de los tres poderes republicanos, creó una comisión redactora de una nueva ley de comunicaciones que encierra la paradoja de un discurso homogéneo que “representa a todos los sectores sociales” y recicla políticos y argumentos aparentemente derrotados.

La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522 (LSCA) sufre asfixiada el sismo político de un país que pretende refundarse disciplinando todo resabio kirchnerista que respire por fuera de la década ganada. Con la victoria de Mauricio Macri en las últimas elecciones, la presidencia por dos años más de Martin Sabatella frente al Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la garantía depositada sobre un pueblo empoderado resultaron débiles frente a un decreto de necesidad y urgencia (DNU 267) que, convalidado por la Cámara de Diputados el pasado 6 de abril, condenó los objetivos de una ley destinada a constituir una regulación democrática y plural de las licencias audiovisuales.

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A 6 días de realizarse la segunda marcha en defensa de la LCSA, el AFSCA fue eintervenida por Mauricio Macri. A 13 días, el Jefe de Gabinete Marcos Peña anunció la sanción del DNU 267/15

Como bien indica Santiago Marino[i], el gobierno anterior pecó en considerar la LSCA como un punto de llegada más que un punto de partida. La falta de aplicación en forma íntegra de la norma facilito la llegada del consagrado cambio a las comunicaciones, el cual tan sólo precisó de una firma presidencial para modificar artículos centrales de una regulación que es, o fue, siempre más un anhelo que una realidad. Ampliada la cantidad de licencias posibles para los operadores de radio y televisión, eliminado el tope para la radiodifusión privada del 35% del mercado y eliminados también los limites correspondientes a la televisión por cable y a las señales de Tv paga, entre otras modificaciones establecidas por el DNU 267/15, los grandes grupos económicos celebran una flexibilización que la nueva comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las leyes 26.522 y 27.078 (Argentina Digital) promete efectivizar.

“Nos cambiaron las reglas de juego sin tener presencia en ninguno de los espacios donde esto se discute”, explicó Natalia Vinelli, referente de BarricadaTV y autora del libro La televisión desde abajo en nuestro programa de radio en FM La Tribu. “Varios artículos que se derogaron impactan de manera directa sobre los medios populares, alternativos y comunitarios. Los servicios de cable pasan a ser considerados tecnologías de la información y no servicios de comunicación audiovisual, lo cual tiene dos impactos directos. Uno, dejan de gravar la cantidad de plata que gravaban mensualmente como servicio de comunicación audiovisual, lo cual implica que los Fondos de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) que se financiaban con los gravámenes de los servicios de comunicación audiovisual, serán reducidos drásticamente. Segundo, ahora las cableras no tienen la obligación de incorporar los canales públicos, los canales universitarios, los canales locales, comunitarios dentro de su grilla de manera gratuita. En una ciudad donde más del 80% de las personas ve televisión a través del cable, esta es una medida que impacta de lleno en la posibilidad de la llegada, el crecimiento y la sostenibilidad de nuestros medios”.

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Natalia Vinelli

De la Coalición a la Comisión                                   

La acostumbrada oposición, abanderada en la salvaguarda de las instituciones y la Republica, en supuesto jaque constante durante la gestión anterior, hoy padece el olvido y el ego oficialista de un presidente que bien podría defenderse con la aggiornada frase “Las instituciones soy yo”. Los 21 puntos elaborados por la Coalición por una Comunicación Democrática (ex Coalición por una Radiodifusión Democrática) sirvieron de base para una LSCA que sobrepaso un largo recorrido que contó con la participación y aprobación de los distintos poderes republicanos (Ejecutivo con los 24 Foros Participativos de Consulta Pública, Legislativo, con la sanción de la ley 26.522 el 10 de octubre del 2009, y el judicial, con la declaración de constitucionalidad de la Corte Suprema el 29 de octubre del 2013). Como camino inverso, la próxima nueva ley de comunicaciones, hoy en día ya en gestación, cuenta en su prontuario con una firma presidencial y manos alzadas por Diputados más preocupados por el registro de su voto que por la concentración mediática. A su vez, no reconoce más que a sus allegados políticos como legítimos hacedores, delegando a tan sólo 6 de ellos la noble tarea de redactar una norma que logre reivindicar la modernidad y pluralidad nunca alcanzada por el kirchnerismo.

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Silvana Guidici, integrante del directorio del flamante Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y coordinadora de la comisión, no escatimo críticas como legisladora del PRO a “la ley de medios más restrictiva de Latinoamérica”, como ella titula.  Bajo el ímpetu de defender los derechos de los usuarios a elegir libremente sus consumos mediáticos (como si realmente lo hiciéramos) la actual presidenta de la Fundación Led denuncia que “ni Hugo Chavez fue tan lejos” como la LSCA, que además de fijar plazos de desinversión (art. 161) “se animó a cuotificar audiencias”, limitando a los licenciatarios a cubrir un 35% del total de habitantes o abonados (art.45).

Su compañero de ideas y hoy también de comisión, Andres Gil Dominguez, constitucionalista reconocido por su participación en la audiencia de la Corte Suprema como “amicus curiae” (amigos del tribunal) en defensa del grupo Clarín – privilegio que Giudici no pudo conseguir ante el rechazo de la Corte a su deseo de defensa corporativa – efectuó el mismo argumento durante dicha presentación judicial al exponer que “la posibilidad de los usuarios y consumidores de acceder a un discurso crítico a una gestión de gobierno se vería limitada”. Caída cualquier tipo de defensa posible que se ancle sobre una libertad censurada ante las limitaciones empresariales impuestas por la LSCA, “la corpo” cambio su eje, y de defenderse a si mismo pasó a protegernos a nosotros, los usuarios, y nuestras posibilidades de consumo.

Como si no bastaran ya los argumentos liberales reacios a cualquier tipo de critica posible a una concentración que tanto para ellos como para el actual Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, no existe, la actual comisión cuenta con el abogado Alejandro Pereyra, también director del Enacom, quien se distingue por haber sido impugnado en su designación como director del Afsca por la oposición. A pedido de las facultades de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y de Ciencias Sociales de la UBA; la Asociación de Radios de Universidades Nacionales de Argentina (Aruna), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación Argentina de Radios Comunitarias (FARCO) y la Asociación por la Justicia Social (AJUS), el entonces abogado de Margarita Stolbizer fue rechazado por el Poder Ejecutivo ante las acusaciones de falsear datos de su curriculum (sus antecedentes académicos fueron desconocidos por dos universidades nacionales cuando concursó para ocupar un cargo en el Comfer –organismo antecesor de la Afsca) y por tener un conflicto de intereses al ser patrocinante de medios audiovisuales.

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La Comisión para la elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, actualización y Unificación de las leyes 26.522 y 27.078, durante su primera reunión el 17 de marzo. Fuente: enacom.gob.ar

Sin embargo, el recambio político abre las puertas a quienes ahoguen toda categoría política al momento de regular la explotación económica del uso del espectro radioeléctrico. Pereyra, durante una entrevista a radio Mitre, explicó los beneficios de un decreto que modificó, primero,  una “ley de medios que nos retrotrajo al pensamiento de la dictadura” ya que, al prohibir la transferencia de licencias (art. 41), “el Estado sabía quién era dueño de cada una para poder controlarlos”. Segundo, si de flexibilidad económica se trata, vale destacar la ampliación, para cada operador, de las licencias audiovisuales, o “unidades de negocio”, como el letrado conceptualiza, lo cual, dentro de “una economía de escala” garantiza “un mejor desarrollo”.

“La comisión que se armó para redactar la nueva ley no tiene ninguna representación de medios comunitarios y universitarios. Se está discutiendo una ley en donde nuestra voz no tiene ninguna representación orgánica”, irrumpe nuevamente Natalia Vinelli. Y con respecto a las audiencias “informativas” coordinadas por la comisión con todos los sectores considerados por ellos mismos interesados en la regulación de un bien de dominio público (el espectro radioeléctrico), responde: “Sí, claro, yo puedo ir a opinar y ellos decir “yo los escuche y listo, me cago en lo que dijiste y escribo lo que quiero”.

Quedan, en pos de concluir el listado de una comisión que se cierra sobre sí misma, los restantes premiados a ocupar un lugar de privilegio en lo que será la comunicación del futuro: Henoch Aguiar, ex Secretario de Comunicaciones de Fernando De la Rua, docente de la UBA, abogado experto en telecomunicaciones, actual vicepresidente de Arsat, integrante del Consejo asesor de la Fundación Led y fiel critico de la LSCA por ser “una ley que nació vieja” al no contemplar las nuevas tecnologías que nos gobiernan,; el filosofo Santiago Kovadloff, que si en algo se destaca es en la poesía y escritura de cuentos infantiles y la firma, junto a otros intelectuales y artistas, en octubre del año pasado, de la declaración en apoyo a la fórmula presidencial encabezada por Mauricio Macri; y Hector Huici, actual secretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), y, por sobre todas las cosas, ex legislador porteño por el PRO.

Que la historia (nos) juzgue

Lejos de todo objetivo cumplido, de un cambio real en las relaciones de poder que estructuran la regulación de los servicios que hoy hacen y crean la comunicación audiovisual que nos interpela, la LSCA se plantó, primero como denuncia y luego como quiebre. Fue, o es, más que una ley. Su desarrollo, redacción y posterior aprobación cumplió la función intangible, quizás, pero función al fin, de denunciar a la concentración y monopolización como órganos rectores de un derecho, plasmar la ya necesaria pluralización de las licencias e incorporar a sectores históricamente postergados de la asignación de las frecuencias, otorgando el protagonismo que al Estado le corresponde sobre un dominio sobre el cual debe ejercer su soberanía.

Mientras florece el revanchismo de quienes perdieron un debate en todos los órdenes en donde el mismo fue planteado, queda el desafío, como reflexiona Vinelli, de “ver cómo reinstalamos la discusión sobre los problemas de la concentración de la comunicación en la argentina a nivel social”, sin desmerecer, o relegar al lugar de la derrota,  “la base de lo que significaron todas las discusiones previas a las cuales asistimos como sociedad hace 7 años”.

La historia, por momento, parece disolverse, y queda recuperarla sobre el margen que se dispone por fuera de una vía institucional y política adversa, para que el “todo pasa” sea tan sólo una frase, y no un ejemplo de época.


[i] http://www.revistaanfibia.com/ensayo/consecuencias-mediaticas/

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