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A 40 años del golpe cívico-militar-eclesiástico, existen variables que aún merecen ser repensadas y analizadas en profundidad. La educación en tiempos de la última dictadura es una de ellas. Para el gobierno de facto el problema era detectar las diversas formas de “subversión” que habían penetrado en el ámbito educativo. Su objetivo consistió en combatirlas y erradicarlas para así controlar y disciplinar a la sociedad toda asegurando la reproducción hegemónica capitalista, Occidental y cristiana a través de un poderoso dispositivo cultural como lo es la institución escolar. ¿Cuál fue la “solución” al “problema”? ¿Tuvo un proyecto educativo el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional? ¿En qué consistió? ¿Cómo se ejerció ese control y esa disciplina en el ámbito educativo?

 Por Pablo Lescano

“El proyecto de reconversión del modelo económico del país requería un proyecto complementario y necesario en el terreno de la cultura y la educación; el plan de exterminio sistemático de las organizaciones armadas y sus organizaciones periféricas requería un proyecto complementario de represión cultural; el proyecto de desarticular la red de organizaciones populares de base requería un plan de desarticulación en el terreno ideológico.”

Eduardo Luis Duhalde

A mediados de la década de 1970, en Argentina los parámetros básicos del orden social establecido se encontraban amenazados por el accionar de los sectores populares que ponían en jaque el proyecto hegemónico burgués. Ante esta situación, la fracción oligopólica de la burguesía recurrió a las Fuerzas Armadas para desarrollar su proyecto económico y llevar adelante las transformaciones que el nuevo ciclo de acumulación capitalista neoliberal exigía. Para cumplir con ese cometido, el proceso militar tenía como objetivo emprender una transformación profunda de la sociedad, la cual debía ser controlada, disciplinada y dominada. Y la educación no escapó a ello.

En octubre de 1977, el Estado Mayor General del Ejército elaboró el Informe Especial N°10, cuyo objetivo era: “estructurar un sistema integral que niegue, en el ámbito de los MCS (medios de comunicación social), el accionar subversivo y asegure la plena vigencia de la propia cultura nacional.” Para lograr ello, primero había que realizar un diagnóstico de la situación y detectar cuál era el problema a resolver, lo cual queda expuesto de la siguiente manera en el documento mencionado: “La distorsión cultural que puede provocarse, trae aparejada en forma consecuente la destrucción de la familia, y el surgimiento o acrecentamiento de características absolutamente negativas, como ser la irresponsabilidad de los actos, el egoísmo, la ambición, la falta de escrúpulos y de honradez, en fin la corrupción moral y espiritual (…) Obtenida por esos medios la regresión progresiva de la cultura nacional y su pérdida, será posible alcanzar la aculturación buscada, la transvasación de la que se desea imponer. Éste es el problema, al que hay que encontrar solución.”

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“Tendrá primacía inmediata en la acción del gobierno de la educación, la restauración del orden en todas las instituciones escolares. La libertad que proclamamos como forma y estilo de vida, tiene un precio previo, necesario e inexcusable: el de la disciplina. El caso contrario sólo significa alienación y en él se diluye toda posibilidad de realización personal y social auténticas.” Estas fueron las palabras que, poco después del golpe militar, expresó por cadena nacional de radio y televisión el Ministro de Cultura y Educación Ricardo Bruera al señalar los lineamientos de la política educativa. Además de él, otros cuatro funcionarios estuvieron a cargo del Ministerio de Cultura y Educación a lo largo de la última dictadura militar. Sin embargo, los objetivos que delinearon la política educativa del Proceso de Reorganización Nacional permanecieron inalterables, tal como expone la Licenciada en Ciencias Políticas Guillermina Tiramonti: “la clausura de los mecanismos de participación social en la orientación y conducción del sistema de enseñanza, la verticalización de la administración bajo control militar directo, la adaptación de los valores que se difunden a través del aparato educativo a las demandas de constitución de una sociedad disciplinada autoritariamente, el disciplinamiento autoritario de los comportamientos de todos los agentes comprometidos en la actividad escolar y la transferencia de la lógica burocrática al ámbito escolar.”[1]

Estos objetivos se materializaron en una serie de decretos, resoluciones, circulares y disposiciones que se apoyaban en leyes dictadas por la propia dictadura o aún antes. Emanaban directamente del Ministerio de Cultura y Educación, del Consejo Nacional de Educación (luego Consejo Federal de Educación) o de organismos dependientes de estos: la Secretaría de Estado de Educación, la Subsecretaría de Educación, la Dirección Nacional de Educación Media y Superior. Todo este entramado documental era dirigido a inspectores, directores y docentes a través de boletines persiguiendo el fin de regular su accionar conforme a los lineamientos mencionados anteriormente.

El documento más conocido y que más ha trascendido al respecto es el denominado Subversión en el Ámbito Educativo (conozcamos a nuestro enemigo), editado en 1977 por el Ministerio de Cultura y Educación, de distribución por todos los establecimientos educativos del país. Este folleto buscaba alcanzar: “la vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino y la conformación de un sistema educativo acorde con las necesidades del país, que sirva efectivamente a los objetivos de la Nación y consolide los valores y aspiraciones culturales de ésta.” Se trataba de un reflejo de lo que sucedía en las distintas esferas de la sociedad, con un objetivo principal como bandera: detectar a la “subversión” y combatirla. ¿De qué manera se desarrolló?

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Ilustración que acompañaba el folleto titulado “Subversión en el ámbito educativo”

Según la socióloga especializada en educación Natalia Álvarez Prieto, en el caso de los estudiantes había una fuerte regulación con respecto a la vestimenta y el trato tanto con los superiores como también entre ellos mismos. Por el lado de los varones, debían usar corbata, pantalón de tela, camisa blanca o celeste, zapatos, su pelo debía estar corto y no podían usar ni barba ni bigotes. En lo que hace a las mujeres, debían vestir polleras bajo la rodilla, zapatos sin taco y medias tres cuartos, no podían maquillarse o utilizar adornos y debían llevar el pelo recogido. Por otra parte, se prohibía el tuteo a las autoridades y el trato con una “familiaridad excesiva”. Asimismo se prohibía terminantemente fumar, jugar de manos, portar material prohibido por las autoridades, asentar leyendas en el mobiliario y las dependencias del establecimiento. En caso de alguna falta grave a los estudiantes se los separaba de todos los establecimientos oficiales. Tal como ocurrió, por ejemplo, con dos alumnas de una Escuela Nacional de Comercio de Río Tercero en Córdoba, mediante la Disposición N°399/79, que se negaron públicamente al ser designadas (una en turno mañana y la otra en turno noche) para arriar la bandera nacional. El siguiente testimonio de una estudiante de aquellos años pone de manifiesto la importancia del mecanismo de las amonestaciones para amedrentar y disciplinar a los estudiantes: “Si eras rebelde eras muy vigilado. Por ejemplo exigir algún derecho, organizar entregas de pruebas en blanco de forma masiva, exigir que se respeten los derechos de tus compañeros. Terminabas casi echado del colegio. Las amonestaciones servían para persuadir. Cuando llegabas a 24, como en mi caso, sabías que te quedaba una sola y te tenías que comportar para no ser echado.”    

Pero no todo se focalizaba en los estudiantes, los preceptores, por ejemplo, también debían atenerse a la normativa. Se les recordaba que no podían fumar en aulas y pasillos, que no debían dejar que los estudiantes los tutearan, que su vestimenta debía ser acorde a la reglamentación, no podían darle rienda suelta al ocio en la preceptoría, debían mantener su higiene, también realizar “guardias móviles” en los pasillos durante el horario de clase, controlar las entradas y salidas, mantener el cuidado de las aulas y comunicar a las autoridades toda cuestión de importancia.

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En el caso de los docentes, esta política de control, vigilancia y disciplinamiento se intensificó mediante los múltiples casos de sumarios y cesantías al personal, según lo expresado por la antropóloga Laura Graciela Rodríguez en su artículo acerca del control social sobre los docentes durante la última dictadura. El período más agudo para llevar a cabo ello fue entre 1976 y 1980, con 444 instrucciones de sumario; mientras que entre 1981 y 1983, solo se pidieron 111. Los sumarios más comunes estaban relacionados con cuatro grandes cuestiones: problemas entre los directivos y los padres de cooperadoras; irregularidades administrativas cometidas por directivos, docentes y/o secretarios; conflictos entre los integrantes del establecimiento educativo; y situaciones de violencia sufridas por los estudiantes en horas de clase. Asimismo se iniciaban expedientes por irregularidades en las planillas de asistencia, falta de puntualidad, licencias que no correspondían, superposición de horarios y/o por no llevar al día algún registro.

Una figura clave en todo este entramado era el inspector. Su tarea consistía en ser un nexo entre los planificadores de la política educativa y las escuelas. Además de ser el encargado de sancionar a los docentes que no cumplieran con la mencionada política ni con la legislación vigente. Los sumarios se iniciaban generalmente por “faltas presuntivamente graves”, detectadas por el mismo inspector o por medio de alguna denuncia. Una vez iniciado el sumario se procedía al siguiente recorrido administrativo:

  • Realización de una investigación presumarial por parte del inspector y elevación del expediente a la Dirección de Enseñanza para su opinión.
  • De ser necesario, el inspector recurría a dependencias como la Dirección de Personal del Ministerio.
  • Luego, el expediente se giraba a la Subsecretaría de Educación, quien firmaba el acto resolutivo. Si los hechos eran muy graves, se disponía que el docente fuese apartado.
  • El inspector procedía a tomarle declaración al acusado y este ejercía su derecho a defensa.
  • Se reunía todo el material y se enviaba al Tribunal de Disciplina para que resolviera la sanción correspondiente.

Sin embargo, como lo hacía ante el conjunto de la sociedad, en el área educativa el Estado también hacía gala de sus dos caras: una de apariencia legal y otra clandestina. Respecto a esto último, hubo casos de docentes separados de sus tareas sin sumario previo, que derivó en las llamadas “bajas al personal” y se completó con exilios forzados, detenciones ilegales y desaparición de personas. Son numerosos los casos en que docentes fueron perseguidos por su manera de impartir clases, por la bibliografía utilizada o por las actividades que desarrollaban fuera de su espacio de trabajo. Un caso relevante en la provincia de Buenos Aires fue el de una docente separada de su cargo mediante la Resolución Ministerial 3.194/76 invocando las leyes 21.260 y 21.274, las cuales habilitaban a separar personal tanto de los establecimientos educativos públicos como privados por razones de “seguridad nacional”. Previamente habían detenido-desaparecido a familiares directos suyos y allanado su domicilio, afortunadamente pudo partir al exilio. Una estudiante que había tenido a esta persona como docente recuerda el episodio en el siguiente relato: “Había una profesora de historia que tenía una muy buena relación con nosotros, nos hablaba mucho de la libertad. Un buen día llega el momento de la clase de historia, entra otra profesora y se pone a dar clases normalmente, sin mediar explicaciones, como si nos conociera de primer año. Nosotros nos mirábamos como preguntándonos: ´¿Y la otra profesora?´ Un par de años después nos enteramos que era montonera, la única profesora que nos caía bien había desaparecido para nosotros. Para el pibe no había explicaciones acerca de eso.”     

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La última dictadura militar tenía un proyecto educativo destinado a consagrar ese estado de control y vigilancia que reproducía a gran escala en el conjunto de la sociedad. La meta era, como vimos, disciplinar a esta última. Para eso había que detectar los “agentes patológicos”, ya que era planteado en clave biológica, en el ámbito educativo, los “subversivos”, expulsarlos del sistema con el objetivo de que no contagien a los que todavía no habían sido alcanzados por “el virus de la subversión”. Para ello se produjo una batería de documentaciones, normativas, decretos, resoluciones, boletines, sumarios, que permitieran regular el comportamiento de los distintos agentes integrantes del área educativa. Se trataba de poner en funcionamiento todo un entramado burocrático, el cual consistió en un aumento considerable de las sanciones y el desarrollo de un dispositivo normalizador con el objetivo de asegurar la reproducción hegemónica del modo de vida capitalista, Occidental y cristiano frente a la amenaza comunista que se había infiltrado a través de diversos medios, según el diagnóstico del gobierno de facto.

La denominada “guerra sucia” se extendió al ámbito educativo, condenando a la separación de cargos, a la detención-desaparición ilegal o a un exilio forzoso a diversas personas que representaban voces disidentes a la política educativa que buscaba imponer la última dictadura militar. Pero por sobre todas las cosas, quienes llevaron adelante el golpe cívico-militar-eclesiástico comprendieron que no solamente había que accionar sobre lo económico, lo social y lo político para transformar profundamente a la sociedad. Sino que la principal batalla a dar era la cultural y el campo educativo resultó una de las principales catapultas a tales fines.

[1] Tiramonti, Guillermina: El comportamiento organizacional de las burocracias del nivel medio de educación: un estudio exploratorio, Tesis presentada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1988.

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