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La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó el jueves 26 de noviembre el Informe anual de la situación represiva en Argentina. La confección de este archivo, su permanente actualización y su presentación pública cada año, tiene el objetivo de contribuir a formar conciencia popular sobre la represión cotidiana como política de estado.

Por Andrea Leal @Bbelicosis

Fotos: Natalia Aue Pharu Fotografía


Un cartel amarillo colgado de una reja en Plaza de Mayo sembraba la duda: “¿La desaparición forzada de personas terminó en 1983?”. A pocos metros, en una columna, otro planteaba: “¿Por qué la policía siempre detiene a los mismos?”. Una especie de juego con pistas, poco feliz pero esclarecedor. A cada paso, un nuevo interrogante incitaba a adentrarse en ese encuentro anual que buscó mostrar, una vez más, lo cotidiano, lo invisibilizado y naturalizado de la represión: la presentación de la actualización del archivo de casos de personas asesinadas por las fuerzas represivas del  estado desde el regreso de la democracia, a través del gatillo fácil, muertes en la tortura en cárceles y otros lugares de detención, como así también desapariciones y asesinatos en manifestaciones.

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Mientras la atención de los medios estaba focalizada en la sesión especial en el Congreso que esa tarde noche se daba para avanzar con la aprobación de más de 90 proyectos de ley, organismos de derechos humanos, organizaciones sindicales, agrupaciones de izquierda y familiares de víctimas se reunieron bajo la consigna “Los gobiernos pasan, la represión queda, la lucha también”, entendiendo que, gobierne quien gobierne, mientras exista una sociedad dividida en clases, la represión será una política de estado necesaria para mantener la opresión y la explotación capitalista.

En ese marco, el formato de la presentación del informe de CORREPI, intentó innovar para demostrar de una manera dinámica un repaso de las políticas represivas del Estado argentino que se han descargado sobre la clase trabajadora a lo largo de 32 años. “No queríamos detenernos solamente en los 12 años del gobierno que está terminando. Nos parecía interesante mostrar cómo a partir del final de la dictadura, cada gestión a su forma, con su estilo, sus matices, sistemáticamente aplicó las herramientas represivas y las hizo más eficaces para los fines de cualquier gobierno burgués”, explicaba María del Carmen Verdú, abogada e integrante de CORREPI.

Así, el historial represivo comenzó haciendo referencia a la llamada “primavera alfonsinista”, esa restauración democrática que pretendió convencer que la represión era cosa del pasado. Al terminar su mandato, los muertos del gatillo fácil, en cárceles y comisarías era de más de un centenar, aun cuando sólo la Masacre de Budge, en mayo de 1987, trascendió masivamente a partir de la movilización vecinal.

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Algunos disminuían su apresurada marcha típica de hora pico para detenerse a escuchar cifras y datos de una realidad que muchos padecen a diario, pero que los distintos gobiernos ocultan con el fin de mantener su legitimidad. Otros se acercaban para leer nombres conocidos – protagonistas de luchas históricas y casos que se han convertido en causas populares – y no tanto: nuevas caras en remeras, en stenciles, en banderas que colgaban en las vallas que separaban de la Casa Rosada. En 1998, los familiares cruzaron la calle para entregar una copia del informe en la Casa de Gobierno por última vez. Desde entonces, decidieron hacer el acto dando la espalda a la sede del poder ejecutivo nacional.

Rostros que no habían estado presentes en años anteriores y que hoy son partícipes de la militancia cotidiana se aglutinaban alrededor del escenario sosteniendo una pancarta, intercambiando palabras con miembros de otras familias incompletas por el Estado asesino, posando para alguna foto o, simplemente, aguardando en silencio su momento de intervenir. Llevan la rebelión en sus ojos y encuentran complicidad y entendimiento en otras miradas, algunas más apagadas y cansadas, pero firmes y capaces de transmitir la entereza y la fuerza con la que van templando las convicciones, la certeza de saber que tienen que combatir contra un Estado y todo su aparato represor, el que aprieta el gatillo y el que absuelve con sus jueces y fiscales. Son miradas que estallarán alguna vez y que se muestran inquebrantables, como lo dejó en claro Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga, quien al subirse al escenario se refirió a los autores materiales y responsables políticos de la muerte de su hijo: “Lo digo siempre: nunca me van a ver llorar, voy a ser su sombra”.

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Llegó el momento de analizar el gobierno de Carlos Menem, aquel que en abril de 1996, ante la pregunta de por qué crecían las denuncias públicas por fusilamientos policiales, dijo: “Hay periodistas de pluma fácil”. En 1997, el archivo de CORREPI llevaba registrados 382 casos, cifra que al año siguiente aumentó a 471.

No solo el tan mencionado retorno a los ’90 estuvo en el centro de discusiones de un 2015 peculiar, sino que la campaña electoral estuvo plagada de personajes, viejos conocidos de la política, que circularon en todos los canales de televisión explicando sus propuestas, muchos de ellos responsables de episodios que se recordaron en el acto del jueves. Alberto Santillán –padre de Darío- se encargó de apuntar a Felipe Sola en su intervención: “Cuando ocurrió la masacre de Avellaneda, Solá dijo que se estaban matando entre pobres. Por eso no nos vamos a conformar con la prisión perpetua y vamos por los responsables políticos. Estamos acá para reafirmar que estamos juntos. O corremos o peleamos y nosotros peleamos, compañeros”.

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En este sentido, desde la Asociación de detenidos y desaparecidos y los organismos de DDHH del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se recordó, también, a Aníbal Fernández: “Jorge Julio López desapareció un día lunes, el viernes nos recibió el gobernador de la provincia de Buenos Aires en ese entonces, Felipe Solá, luego de una marcha tremenda bajo una lluvia torrencial, donde volvíamos a escuchar las mismas consignas que agitábamos años antes, en el fin de la dictadura, como si el pasado se nos volviera al presente. Y en esa reunión le exigimos a Solá que pasara a disponibilidad de la justicia la carpeta de todos los policías bonaerenses que venían de la época de la dictadura. Nos dijo que tenía que garantizar la gobernabilidad, o sea, no se presentó de parte del gobierno provincial ni una sola denuncia. El día anterior, Aníbal Fernández, que había recibido a los organismos de derechos humanos, dijo ‘Estará tomando el té en la casa de la tía’. Esas fueron las respuestas de las autoridades”.

El informe continuó y se detuvo en la gestión de Fernando De La Rúa: una semana después de asumir, la Gendarmería Nacional en un operativo coordinado con la policía correntina, desalojó a los trabajadores autoconvocados del Puente General Belgrano. Mauro Ojeda y Francisco Escobar se sumaron a la lista de asesinados en la represión a la protesta, que pronto crecería con Aníbal Verón y se completaría en la represión a las jornadas de rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 hasta llegar a 45. En esos mismos dos años de gobierno, se acumularon más de 400 nuevos muertos por el gatillo fácil y la tortura en cárceles y comisarías.

Y se siguen acumulando. Por eso, varios jóvenes en distintos rincones de Plaza de Mayo, comenzaron a renovar viejos grafitis, stenciles desgastados y borrados. Las mismas inscripciones que el año anterior y el anterior y el anterior… trazaron caminos paralelos con el pasado. Parecía no importarles las fechas y las constantes referencias al 2001, nada de eso resultaba tan lejano. Así, aerosol en una mano, plantilla en la otra, dejaron un registro necesario, un mensaje breve que no olvida la lucha de años precedentes y se traduce en un grito contra los golpes que los pibes en los barrios, las mujeres y los obreros seguirán recibiendo con uno u otro logo en la empuñadura del bastón presidencial.

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La recopilación de casos de personas asesinadas por el aparato represivo del estado continuó con una revisión de los últimos 12 años de gobierno. Tres mandatos kirchneristas que levantaron las banderas de los derechos humanos, con el objetivo de recuperar la legitimidad de las instituciones, caracterizados por la cooptación de referentes históricos y por aplicar, tal y como se mencionó durante el acto, “una represión necesaria con todo el consenso posible”.

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El ciclo K se va dejando el saldo de 3070 asesinados por el gatillo fácil, 21 compañeros caídos en movilizaciones populares y 70 desaparecidos. Se mencionaron, además, diferentes amenazas, hostigamientos y aprietes a militantes, activistas y defensores de derechos humanos por parte de los aliados provinciales del gobierno nacional, la represión por conflictos de tierra, vivienda y defensa del medioambiente, como así también en protestas y conflictos obreros. La cantidad de asesinados por la represión estatal en este período representa el 65% del total desde diciembre de 1983.

Los últimos rayos de sol de una tarde que comenzaba a caer se colaban por los agujeros de una bandera desplegada con el rostro de Mariano Ferreyra y el pedido de perpetua para Pedraza. A pesar de que la tercerización de la represión y la modalidad de las patotas se intensificó a partir de 2006, el crimen del joven militante del Partido Obrero dejó al desnudo la oscura trama de relaciones entre el sindicalismo y el poder, y una frase que atraviesa todos los casos presentes en el acto de CORREPI: la bala salió del corazón del Estado.

Cristina Fernández de Kirchner se va a ir de Casa Rosada sin haber condenado el crimen de Mariano Ferreyra. Ahora están esperando que la burocracia sindical ponga al ministro de Trabajo. Nuestro compromiso es el de seguir luchando contra las alianzas corruptas”, señaló Marcelo Ramal, dirigente del PO y legislador del Frente de Izquierda. Mientras, familiares de las víctimas sacaban fotos con sus celulares, filmaban y compartían todo en las redes sociales. Ante la ausencia de los grandes medios de comunicación, quienes llevan adelante la lucha también se encargan de difundirla.

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Sin embargo, una vez más dijeron presente miembros de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) quienes se subieron al escenario no sólo para explicar el rol fundamental de los medios alternativos en estos casos sino también para recordar aquellos episodios en que varios periodistas fueron heridos o agredidos en plena represión: en la Sala Alberdi, en el Borda, en diferentes luchas obreras –algunas en curso- y en puebladas.

El cielo se había oscurecido para el momento en el que los familiares de víctimas de gatillo fácil comenzaron a subirse al escenario y los jóvenes militantes de CORREPI se instalaron abajo sosteniendo cada uno la foto de aquellos asesinados por las fuerzas represivas. Las luces de los reflectores y los flashes de las cámaras impactaban en los rostros de quienes se alentaban unos a otros a no mirar hacia abajo y a exponerse, a gritar el nombre del asesinado y el asesino, a no esconder expresiones de bronca y de emoción desbordada.

La denuncia se hizo presente en los micrófonos con la lectura de un documento en el que se rindió homenaje a grandes luchadores que ya no están (físicamente) y en el que se dejó en claro lo que estaba en juego de cara a un nuevo gobierno: “Se podría pensar que esto es algo normal, que un policía puede matar a una persona por su condición de clase, justificar su muerte con el famoso ‘por algo será’ o ‘algo habrán hecho’. Pero no nos equivoquemos: vivimos en una sociedad donde las leyes favorecen siempre a los mismos, a los ricos y a los poderosos, en la cual la policía está instruida y preparada para cumplir órdenes y matar con la impunidad que les da su investidura. El domingo pasado se eligió un nuevo gobierno. Macri es la representación más clara de la clase dominante y el empresariado que nos asegura más balas, más muertes. Pero nosotros también le aseguramos algo: lamentablemente, el año que viene vamos a ser más familiares de víctimas en esta plaza, pero de pie, en lucha y gritando que el gatillo fácil es un crimen de Estado”.

Por la mañana se había conocido la noticia de que el juez Osvaldo Rappa dispuso la libertad para Ricardo Ayala, efectivo de la Metropolitana que hirió de tres disparos a Lucas Cabello dejándolo en grave estado de salud. Su nombre estuvo presente en la Plaza para reforzar la conclusión de que la reciente elección de Mauricio Macri plantea un cambio con continuidad en materia represiva.

Según el informe de CORREPI, el 2015 está finalizando con más de 5000 luchadores criminalizados, la multiplicación de las fuerzas policiales y la militarización de los barrios. Un total de 4644 casos registrados desde 1996.

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Uno de los más recientes y resonantes de este año es el de Nicolás Bustamante, un joven de 20 años asesinado en junio por el policía Gustavo Acosta, en Burzaco. “A Nicolás lo acribillaron. No hubo manera de asistirlo. Él se encontraba con un amigo en una moto cuando este policía le disparó y una vez que lo tuvo en el suelo, lo pateó y siguió disparándole. El caso de Nico no se da de forma aislada, en el barrio vemos como las policías municipales han copado cada cuadra, cada esquina y cómo persiguen a los pibes, cómo ni bien ven que están juntándose en grupitos, ya salen a atacarlos, a golpearlos”, comentó Julieta, prima de Nicolás. Y agregó: “Hoy estamos acá porque nos costó mucho encontrar testigos, la gente tiene miedo de hablar. Y durante meses tuvimos que realizar manifestaciones o hacer cortes en lugares recurridos de Claypole y nuestra intención no fue molestar a nadie, pero si nos callamos se hace muy difícil”.

A Nicolás le dispararon porque se pensaba que había ido a robar. Gustavo Acosta aun está libre y durante varios meses continuó trabajando para la policía. “A nosotros no nos quedó otra que salir a la calle, tuvimos la necesidad de hacerlo. Muchos no pueden compartir esto o les molesta pero hoy el asesino está libre y la policía está todos los días sobre los pibes en el barrio y nosotros también tenemos derecho a vivir libremente”, aseguró Julieta.

La necesidad pareció ser la conclusión principal del acto en Plaza de Mayo. Y a su vez, el hilo conductor de cada uno de los casos. Pues esta necesidad no es superficial y no se limita a un grito de justicia ni termina con una condena sino que plantea un compromiso traducido en la unidad, la organización consecuente y la lucha independiente. María del Carmen Verdú lo sintetizó mejor que nadie al finalizar el acto: “Sería criminal que en este contexto político no nos unamos para la resistencia que ya no es fundamental, sino necesaria”.

2 Comments

  1. Que lamentablemente, no cuentas nuestros hijos, ya que somos de las provincias del norte.
    Quizás sea xq todavía no están enterados.
    Soy de la provincia de CATAMARCA y aquí fácilmente ocurrieron más de 350 asesinatos en comisarías y cárceles.
    300 jóvenes , personas mayores, mujeres, que fueron asesinadas/os…..
    En diferentes lugares de la ciudad o de un pueblo.
    El registro muestra más bien las provincias grandes de mi PAÍS.
    Sra Carmen Verdú, soy el padre de Diego Ivan Pachao.
    Asesinado a golpes dentro de una comisaría, por personal policial.
    Y en mi camino de una justicia justa para hijo, me Di cuenta, que para nosotros , las víctimas , no tenemos abogados.
    Por que este , esta consumido por el ESTADO.
    Pasaron 4 abogados en la causa. Ninguno quiso hacer las cosas como corresponde.
    Ninguno, quiso presentar ningún pronto despacho,y eso que la causa lo ameritaba en reiteradas ocaciones.
    No presentaban escritos, para que la causa sea investigada como corresponde.
    4 abogados q nos demostraban q es el ESTADO pone límites.
    Hoy, el Sr abogado Furques, nuestro 5to abogado dijo:
    Contra la Policía, no vas a tener NUNCA abogado.
    Yo te representó por que ya me retiro y te vi sufrir demasiado.
    Es lo último q voy a hacer y te digo algo más estaremos enfrentando a un mountruo.EL ESTADO.

    SOY ALBAÑIL, y si como ALBAÑIL hago mi trabajo mal, estoy seguro que la casa que contrui , se viene al bajo y mató una familia completa.

    Si un ABOGADO escribe como corresponde en tiempo y en forma, exige y aporta prubas e impulsa a que los FISCALES TRABAJEN como corresponde, exigiendo claridad,celeridad en la causa.
    ” nuestras familias no deberían andar a los gritos por las calles”.
    Para mi manera de ver las cosas,digo:
    “al no contar con abogados que enfrenten al ESTADO,más la COMPLICIDAD de los FISCALES
    LA IMPUNIDAD para el funcionario ASESINO POLICIAL, no terminará jamás”…

  2. Pingback: Derrocando a Roca

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