La vivienda es un derecho

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Por Agustín Bontempo @agusbontempo

Desde el lunes 24 de febrero una noticia recorrió todos los medios nacionales: “Ocuparon terrenos en Villa Lugano”. Como agregados al título también se usaron las palabras usurpadores, villeros y una serie de términos que cargan con una connotación negativa, a pesar de que en sí mismos no tengan nada malo.

No es la intención de este artículo hacer un recorrido por los hechos, desde la “toma” del predio ubicado en avenida Fernández de la Cruz y Pola. Este aporte va en busca de datos objetivos respecto a la situación habitacional crítica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y una serie de menciones a las subjetividades discursivas (en muchos casos xenófobas) que se ponen en juego.

La ocupación de los terrenos ubicados en el perímetro de la Comuna 8 es la imagen viva de una crisis que nació hace décadas sin duda, pero que se viene acentuando a ritmo acelerado durante la gestión del macrismo. Destaquemos algunos datos y hagamos memoria.

El Artículo 31 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dice que “La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado”. Para ello: Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con situaciones especiales de escasos recursos”. Sin embargo, desde el 2010 hasta la actualidad, se ha incrementado el índice de viviendas formales en condiciones de precariedad, y eso que este índice no contempla los asentamientos informales como las villas, que también vienen creciendo y a un ritmo acelerado.

Además, el Artículo 31 agrega que la Ciudad “Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva”. Dato llamativo: a pesar de este punto mencionado, hoy en día el 26% del total de las viviendas formales se encuentran en desuso. Es decir, mientras que 200 familias exigen el cumplimiento de su derecho constitucional de la vivienda digna, 26 de cada 100 viviendas en la Ciudad de Buenos Aires están vacías.

 No solo es anticonstitucional el accionar del gobierno Pro, sino que además no cumple con las leyes. En el año 98 se sancionó la Ley 148/98, que es una norma que da un marco general a la urbanización de todas las villas y asentamientos de la Ciudad. Aquí tampoco hay avances.

En el año 2005, durante la jefatura de gobierno de Aníbal Ibarra, se sancionó la Ley 1770/05 de urbanización de Villa 20. Esta ley es muy importante porque dicho barrio es lindero a los terrenos “tomados” y varios funcionarios, medios de comunicación y por lo tanto la opinión pública, esgrimen que los villeros (en tono despectivo), son quienes han ocupado esos lugares.

¿Es necesario aclarar que las personas que están en esos terrenos están luchando por su legítimo derecho a la vivienda digna? Por sobre decisiones de desalojo, ¿no sería más loable contemplar que el Estado no les está garantizando un derecho constitucional y además está incumpliendo dos leyes vigentes? ¿Realmente tenemos dudas sobre el “bienestar de esas personas? Un discurso muy difundido por los sectores dominantes (medios incluidos) y devorados sin previa masticación por grandes masas de personas, es que los villeros viven bien, porque no pagan impuestos y tienen antenas de Direct TV ¿Realmente creemos eso? ¿Ustedes cambiarían las comodidades de sus hogares para vivir en espacios de 4 metros por 4 metros, sin servicios de cloacas, luz, gas, agua, pagando alquileres de al menos $1500, a cambio de una antena de Direct TV? Tal vez, si lo pensamos así, saliendo de nuestro ombligo, notemos que en las Villas no se vive tan bien como se supone desde el desconocimiento.

Hagamos un paralelismo con dos situaciones. La más reciente es la sanción del denominado Plan Maestro, ideado por Cristian Ritondo (Pro) y votado por la mayoría de los bloques en la legislatura porteña, incluido el Frente Para la Victoria. Dicho plan, que es una reedición del acuerdo que otrora abriera la posibilidad a IRSA para impulsar negocios inmobiliarios en la zona de la Ex Ciudad Deportiva de La Boca, territorios linderos al Barrio Rodrigo Bueno, apunta a la promoción de iniciativas comerciales por parte del sector privado justamente en la Comuna 8, que engloba a los barrios de Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano. No es casualidad que en esta zona repleta de barrios humildes (forma parte del sur de la Ciudad) y que será donde se intentará instalar centros comerciales, gastronómicos, a costa del no cumplimiento de la mencionada Ley 1770, haya una nula voluntad por avanzar en los diferentes proceso de urbanización de barrios como Fátima, Ramón Carrillo, Los Pinos y varios más, respaldados por la también mencionada Ley 148.

Es decir, lejos de la ignorancia que se les suele adjudicar a los villeros, estos, que ante todo son personas como cada uno de nosotros sienten restringidos sus derechos, sienten que están siendo arrasados, empujados, golpeados, mientras los “victoriosos” de siempre avanzan con sus planes restrictivos y para pocos. Este contexto donde confluyen la Constitución porteña, una serie de leyes y el recientemente sancionado Plan Maestro, es el que abre lugar a esta situación.

Es menester hacer una mención. La sanción del Plan Maestro aún no se votó en su totalidad, con lo cual se retomará durante el período legislativo en este 2014.

 El otro paralelo a hacer es en relación al conflicto del Indoamericano en el año 2010, donde hubo represión y muerte, y las razones fueron las mismas: crisis habitacional.

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El Lic. Mauro Vázquez, en  Cercanías distantes: inmigrantes regionales en los medios de comunicación hegemónicos destaca que “Fue el racismo, que es parte mismo de los modos de representación y visibilización de los inmigrantes regionales en nuestro país, uno de los actores principales de los tres asesinatos ocurridos en la toma del Parque Indoamericano, en la ciudad de Buenos Aires, en diciembre de 2010. Diarios, noticieros, canales de noticias, páginas web, como así también funcionarios estatales, volvieron a hablar de territorios etnificados, inmigrantes silenciosos y dóciles, peligrosos y amenazantes, miedo y violencia”.

En esta línea, los hechos se repiten. Los medios nacionales (de cualquier vertiente ideológica), se han ocupado en difundir de manera directa o indirecta (al poner en voz de funcionarios y vecinos su propia posición) los peligros que acarrea la toma. Son los “negros villeros”, los que “no quieren laburar”, los “delincuentes”, los que “andan armados con cuchillos y machetes” quienes están ocupando el terreno. No son los marginados de siempre que lejos de la sumisión salen a luchar por sus derechos, quienes más necesidades sufren y que, en el mejor de los casos, portan un cuchillo para defenderse de la muy posible represión de las fuerzas policiales, con todo su equipo tecnológico de defensa y ataque, sino aquellos quienes vienen a robar nuestro trabajo, nuestras pertenencias, en lugar de hacerlo en su país.

Hay una realidad objetiva e incuestionable. Toda persona es, antes que nada, una persona, sin importar su procedencia, color de piel, religión o lo que fuere. Luego podemos debatirlo, pero arriesgo a asegurar que nadie es feliz de ser eternamente prejuzgado, discriminado, explotado, sino que se está en ese lugar por condiciones objetivas propias del sistema en el que vivimos, que está acomodado para que pocos tengan mucho, y muchos tengan poco y, vaya paradoja, sean estos muchos los malos de la película.

Tal vez es hora de levantar nuestra mirada, de entender quienes están a nuestro lado y quienes enfrente. Quienes son los responsables de provocar esta situación, en lugar de culpar al resultado. Habrá que entender que todos tenemos derechos de vivir dignamente. Tal vez, en lugar de molestarnos con estas personas que, como dijo José Martí, salen a tomar sus derechos mientras otros tuvieron que trabajar toda la vida para comprar una vivienda a precios usureros, es hora de que comprendamos que esta situación no va más y que es urgente una solución inmediata no solo para estas 200 familias, sino para los cientos de miles de personas que hoy no tienen garantizada su vivienda.

Porque aunque no lo crean, las villas son barrios como todos. Con gente buena, mala, con comercios, con niños, con alegrías, con inseguridades. Pero tienen algo que las torres porteñas no nos dan y es el encuentro cultural, los códigos con el vecino, la buena voluntad. Tal vez, es hora de no juzgar estas acciones sino, mucho mejor, imitarlas.

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